Garzón deriva a su despacho clientes que capta con su fundación sin ánimo de lucro

Baltasar Garzón maneja dos entidades jurídicas con distinta finalidad: la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) -sin ánimo de lucro, como exige la ley para toda fundación- y su despacho profesional, Ilocad S.L., una empresa que, logicamente, gana dinero con sus gestiones. Pero, según ha podido comprobar ABC, la fundación está sirviendo como reclamo para ciudadanos de varios países que contactan con Fibgar y son derivados a Ilocad, sociedad de la que el exjuez de la Audiencia Nacional es administrador único. Su hija, María Garzón, es apoderada de la sociedad y directora general de Fibgar.

Jesús Linares, un abogado peruano que lleva 35 años denunciando una «persecución» de las autoridades de su país, evidencia estos intereses cruzados. El pasado marzo se puso en contacto con Fibgar «para buscar auxilio», relata a este diario.

En 1985 el recién elegido presidente Alan García expropió a la familia de Linares un edifico en Lima «sin compensación ninguna» y, «pese a que la justicia nos dio la razón, no lo han devuelto, nos han perseguido y varios jueces y congresistas nos han exigido sobornos para solucionar el caso», relata.

Jesús Linares sostiene que «un abogado de la fundación nos dijo con toda sinceridad y franqueza que era imposible que nos atendieran de una manera graciosa, que teníamos que hacer una donación, un porcentaje».

Si hay diez millones, hay caso

Entonces, el abogado peruano se mostró dispuesto a entregar a la Fundación Internacional Baltasar Garzón un 20 por ciento del valor estimado del edificio, dos torres de oficinas ahora abandonadas, «si nos ayudaban a recuperarlas». En las negociaciones contactó con María Garzón, quien, según el primer correo electrónico que intercambiaron -comunicaciones puestas a disposición de ABC-, le envió un número de cuenta de Bankia para que ingresara el dinero, «diez millones de dólares». Pero Linares dijo que daría esos fondos una vez recuperada la propiedad del inmueble. «Nada hay gratis», me dijo María Garzón, sostiene.

«Al negarme, trasladaron el caso al despacho del señor Garzón y me exigieron 56.000 euros por adelantado para estudiar la situación, antes de ejercitar cualquier tipo de acción», continúa el letrado peruano.

La hoja de encargo que le remitió Ilocad y que ABC reproduce sobre estas páginas refleja que el despacho de Garzón, que en 2013, el último ejercicio depositado en el Registro Mercantil, facturó 2,5 millones de euros, cobra 6.000 euros por un «estudio de antecedentes» y 50.000 por el «estudio de viablidad». El despacho del exjuez especifica que después de estas fases «el ciente decidirá el ejercicio de acciones legales (...) no comprendidas en estos honorarios». El ciudadano peruano denuncia que Garzón «Ha sorprendido al Estado español pidiendo licencia para una fundación que en teoría se dedica a luchar por los derechos humanos y luchar contra la corrupción pero la utilizan para derivar clientes a su despacho y eso es una falta ética evidente».

Linares, que ha aportado pruebas de las «coimas» -sobornos- que le han exigido varias autoridades de su país, acudió a la Fibgar, fundación pro derechos humanos y justicia universal, «como muchos desesperados, creyendo que Garzón es una persona sensible, pero al final se aprovecha de las necesidades, de nuestro sufrimiento».

«Se les facilita el contacto con el despacho»

ABC se puso en contacto con la fundación Fibgar y con el despacho Ilocad para que un responsable aclarara la relación existente entre la entidad sin ánimo de lucro y el negocio privado. Un portavoz oficial respondió por escrito que «hay muchas personas que llaman a la Fundación preguntando por Baltasar Garzón y diciendo que desean que estudie su caso o problema. La Fundación como tal no lleva casos particulares y así se explica. Hay personas que insisten en contactar con Baltasar Garzón como abogado y se les puede facilitar la información del teléfono o correo electrónico. Fibgar lleva casos de otro tipo como la denuncia contra Boko Haram presentada en su día ante la Audiencia Nacional».