La diputada del PPdeG Paula Prado
La diputada del PPdeG Paula Prado - EFE

El TSJG reprende de nuevo a la juez que imputó por error al alcalde de Ferrol

Una providencia critica a la instructora por seguir investigando a una diputada aforada

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Nuevo varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia a la juez Pilar de Lara, y de nuevo por sus particulares modos de instruir las causas judiciales que investiga desde su juzgado de Lugo. En esta ocasión, ha sido el magistrado Pablo Saavedra, instructor de la pieza separada sobre la diputada autonómica y ex portavoz del PP gallego Paula Prado en el marco de la «operación Pokemon» por supuesto fraude y tráfico de influencias. El magistrado reprendió a través de una durísima providencia a la juez por, entre otros motivos, el envío de documentación sobre esta imputada, que ahora es competencia exclusiva del TSJG al ser aforada.

En la providencia a la que ha tenido acceso ABC, fechada el pasado 31 de octubre, Saavedra señala que «sorprende que a estas alturas se siga remitiendo (...) documentación -informe de Vigilancia Aduanera-» con fecha de 20 de octubre, es decir, un mes después de que el TSJG asumiera como propia la investigación de la diputada.

Además, censura a De Lara que esos informes se envíen «sin que conste la resolución que la acordó ni la fecha de ésta, por lo que procede su devolución al juzgado de procedencia, sin que quede constancia de dicha documentación en las presentes actuaciones».

El correctivo de Pablo Saavedra a De Lara no es menor, porque le está advirtiendo claramente de que algunos de los informes de Aduanas -el cuerpo empleado por la juez para sus investigaciones- carecen del oficio judicial preceptivo para su elaboración, es decir, no tienen el sustento legal que les otorga validez jurídica. Ante esta situación, el magistrado rechaza su inclusión en su investigación y los manda de regreso a Lugo, «debiendo acordar ese Juzgado el cese de cualquier investigación o instrucción al respecto».

El recado que envía el magistrado lleva implícita una censura a la actuación de Pilar de Lara. Desde que el TSJG acordó el pasado 19 de septiembre aceptar la investigación sobre la pieza separada de Paula Prado, la juez de Lugo ha seguido remitiendo informes de Aduanas al instructor, arguyendo que se trataban de documentación derivada de las actuaciones practicadas en el pasado. Los motivos de la juez bien podrían pasar por el hecho de que el TSJG desmontó buena parte de su instrucción al rebajar de siete a tres los presuntos delitos por los que investigar a Prado, desechando, por ejemplo, todo lo relativo a su marido, al que De Lara situaba como supuesto beneficiario de la actividad pública de la diputada durante su etapa de concejal en Santiago. La pataleta de la juez la llevó a mantener el goteo de informes con dirección al Tribunal Superior, a pesar de que el plazo para que remitiera toda la documentación dado por la Sala Civil y Penal finalizó meses atrás.

La providencia del magistrado también envía una advertencia a Aduanas, al indicarle que «en lo sucesivo y en todo caso se dirija a este instructor» para cualquier investigación relativa a Paula Prado, ya que es «el único que puede acordar la práctica de diligencias» sobre la diputada, por su condición de aforada.

Sucesión de errores

No es la primera vez que De Lara actúa así ante un juzgado cuando otro compañero decide dar carpetazo total o parcial a sus investigaciones. En el caso Patterson -otra pieza separada que remitió a Santiago pero que surgió de sus escuchas masivas en el marco de la Pokemon-, cuando el juez Andrés Lago Louro decretó el archivo de la causa le remitió documentación adicional para intentar mantener vivo el proceso.

La juez de Lugo también estuvo detrás de la errónea imputación del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, en la trama Pokemon. Un regidor al que tuvo que desimputar meses después cuando se comprobó que había sido identificado de manera errónea en unas grabaciones telefónicas realizadas por el servicio de Vigilancia Aduanera. En este caso, una simple prueba pericial fonométrica valió para echar abajo la acusación de la magistrada al político y, de paso, alimentar el debate sobre el rigor en la investigación de Aduanas y, por extensión, de la propia juez De Lara.

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