Sevilla
La matriz de Abengoa tiene dos meses para aprobar el convenio de acreedores y evitar su liquidación
El día 30 de junio finaliza el plazo de la SEPI para asignar los 10.000 millones del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas y la moratoria concursal
Los trabajadores anuncian nuevas movilizaciones para forzar a la SEPI a que rescate a la multinacional Abengoa
E l juez mercantil Javier Carretero Espinosa de los Monteros, que ha pasado a ocuparse del concurso de la matriz de Abengoa tras la marcha del magistrado Miguel Ángel Navarro a la Audiencia de Málaga, ha decretado la apertura de la fase de convenio de acreedores de Abengoa, para cuya aprobación hay un plazo de dos meses. El convenio de acreedores puede ser propuesto por la propia matriz, presidida por Clemente Fernández, o bien por el 20% del crédito ordinario.
Se ha acordado que se puedan presentar las propuestas de convenio en el plazo de un mes desde el 1 de junio, fecha del auto del Juzgado Mercantil, y que la presentación de adhesiones u oposiciones a las propuestas de convenio podrán ser presentadas en el plazo de dos meses contados desde el pasado miércoles.
Hasta ahora, el consejo de administración de Abengoa esbozó las líneas básicas del proyecto de convenio de acreedores, a petición de la Administración concursal, en manos de EY. El consejo de administración de la matriz, ahora presidido por Clemente Fernández, propuso tres escenarios de convenio en caso de que finalmente la SEPI inyecte los 249 millones de euros solicitados y de que entre en su accionariado el fondo estadounidense TerraMar Capital.
En una de esas propuestas, Abengoa propone repagar un 5% de los créditos ordinarios en el plazo de cuatro años y el 95% capitalizarlo a través de la emisión de instrumentos convertibles. El 5% de las deudas subordinadas no correspondientes a empresas del grupo se pagaría una vez se haya atendido el 5% de los créditos ordinarios. En cuanto al 95% restante de las deudas subordinadas, se propone recapitalizarlas a través de instrumentos convertibles. Para las deudas con empresas del grupo se propone una quita del 99,9%.
En otra propuesta se propone repagar el 10% de los créditos ordinarios en el plazo máximo de 8 años y en una tercera opción se plantea pagar un 12,5% del crédito ordinario en el máximo de 10 años.
Po rotra parte, los comités de empresa de Abengoa Agua, Abengoa Energía, Solúcar, Inabensa y Abenewco 1 han anunciado nuevas movilizaciones para presionar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) diga si va a rescatar o no a la multinacional aprobando el préstamo público de 249 millones de euros que pidió hace ya más de un año.
Los trabajadores quieren así presionar a la SEPI en un momento en que la compañía se encuentra contra las cuerdas, ya que el 30 de junio acaba el plazo para adjudicar los 10.000 millones de euros del Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas y la moratoria que dejó exentas de pedir el concurso a las empresas en situación de insolvencia.
Si el 1 de julio no se ha aprobado su rescate , Abenewco1, la sociedad que concentra sus activos y operaciones, se vería obligada a solicitar el preconcurso o el concurso de acreedores si no aparece ningún grupo industrial que salga al rescate de la multinacional que fundara Javier Benjumea Puigcerver en 1941.
«La única información constatada de la que disponemos actualmente es que toda la documentación requerida ha sido presentada por Abenewco1 a la Sepi y estamos a expensas de que por fin emitan la resolución del expediente presentado el 17 de marzo de 2021», indica un comunicado emitido por los comités, que señalan que «para bien o para mal, la realidad a día de hoy es que sólo tenemos una única forma de evitar la liquidación inminente del día 1 de julio: que la Sepi acepte y se pronuncie antes de que acabe el plazo».
Por esa razón, los empleados de Abengoa, que superan los 12.000 (unos 2.000 en Andalucía) han convocado movilizaciones el día 8 de junio a las 10 horas en el interior del Centro Tecnológico Palmas Altas, sede de la multinacional; el día 14 de junio en San Telmo, sede del Gobierno andaluz, hasta la subdelegación del Gobierno central en Plaza de España; y a partir del día 20 de junio en Madrid, frente a la SEPI. «Sólo queremos luchar por nuestros puestos de trabajo y el futuro de nuestras familias. Si la respuesta de la SEPI no llega a tiempo, iremos a liquidación y nuestro futuro será incierto», han subrayado.
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