Los sindicatos reclaman al Congreso una renta mínima garantizada

Los secretarios generales de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Josep María Álvarez, han presentado este miércoles ante la Junta Electoral Central (JEC) y en el Congreso de los Diputados las 700.000 firmas ciudadanas que acompañan a su iniciativa legislativa popular (ILP) para conseguir una prestación de ingresos mínimos con el objetivo de "no dejar tirados" a los 6 millones de ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza en España.

Según destaca CC.OO. en Galicia, que reunió casi 25.000 apoyos para esta iniciativa, en esta comunidad autónoma más de 670.000 personas están en riesgo de exclusión y padecen pobreza extrema, de acuerdo con sus números, 127.000 gallegos.

El texto prevé la aprobación de una renta mensual equivalente al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) --426 euros, actualmente-- que cobrarían las familias bajo el umbral de la pobreza mientras mantengan los requisitos, y que sería compatible con otras rentas --salvo las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social-- siempre que no superen el 75% del Salario Mínimo sin pagas extraordinarias.

Según los sindicatos, la medida beneficiaría a 2,1 millones de hogares y costaría 11.000 millones al año, equivalentes al 1% del PIB, a financiar vía impuestos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

"Esta prestación es una cuestión de democracia y de solidaridad que la sociedad española se puede y debe permitir. No podemos dejar en la estacada, tirados en la pobreza extrema, a 6 millones de personas", ha reclamado Fernández Toxo.

Tareas para la nueva legislatura

El líder de CC.OO. ha subrayado que la pobreza y el riesgo de exclusión social han crecido "de forma muy importante" durante la crisis y que actualmente ya afectan al 22% de la población, particularmente a la que está en paro.

Además, ha recordado que el Ejecutivo 'popular' se comprometió en 2014 a negociar esta medida con los agentes sociales pero nunca abrió las conversaciones, lo que "obligó" a los sindicatos a plantear la ILP en abril de 2015, si bien el texto finalmente no podrá debatirse hasta la próxima legislatura. "Esperamos que corra mejor suerte que otras iniciativas y que los partidos la apoyen", ha deseado.

Igualmente, José María Álvarez ha criticado que las diferentes prestaciones y subsidios existentes actualmente "a veces parecen más actos caritativos que derechos", indicando que su intención es establecer un "derecho universal de ciudadanía" a una renta mínima garantizada que, por tanto, no dependa de la disponibilidad presupuestaria sino que sea concedida a todo aquel que la necesite y la solicite.

"Sería bueno que los partidos políticos, tal y como se comprometieron, no frustren las esperanzas de muchos ciudadanos y que finalmente la ILP sea aprobada por el Congreso. Porque es justa, necesaria y viene a dignificar los derechos de los ciudadanos", ha concluido el secretario general de UGT.