Las inmobiliarias claman contra el endurecimiento de los desahucios

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalo s, anunció a finales de febrero que el Gobierno volverá a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para controlar los precios del alquiler en zonas tensionadas. Pero esta no es la única medida de calado que contendrá esta reforma. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció ayer que el Ejecutivo también incluirá en este decreto una prohibición de los desahucios por impago del alquiler.

«Se ampliará la reforma ya prevista de la Ley de Arrendamientos Urbanos para prohibir desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitres que hacen negocio con un derecho básico », explicó ayer Iglesias en su cuenta de la red social Twitter. Fuentes del Ministerio de Transportes insisten a este periódico en el hecho de que esta prohibición se aplicará en las zonas declaradas como «tensionadas» por el índice de precios del alquiler que el Ejecutivo pretende sacar aprobar a finales de este mes.

El sector inmobiliario rechazó ayer con rotundidad esta iniciativa. «El coste y el incremento de riesgos que supone la intervención del Gobierno en el mercado hipotecario se trasladará al 90% de los clientes cumplidores con sus obligaciones contractuales. Nada es gratis», explicó ayer el consejero delegado de la consultora inmobiliaria Colliers International, Mikel Echavarren. En esta misma línea, desde un fondo de inversión se muestran «sorprendidos» por la medida anunciada por Iglesias y creen que provocará «la regularización de la okupación».

Además de prohibir los desahucios en zonas tensionadas cuando intervenga un fondo de inversión, el Gobierno prevé que la reforma de la LAU también contemple una moratoria en los casos en que se produzcan impagos del alquiler que frene los desahucios. Esta prórroga, que también ha sido propuesta por Unidas Podemos, llegará incluso antes en los casos de impago de hipotecas. El Ejecutivo tiene previsto aprobar hoy, en Consejo de Ministros, una moratoria de cuatro años para los lanzamientos hipotecarios en caso de colectivos desfavorecidos.