La Audiencia rechaza investigar a los exministros Salgado y Sebastián por las compensaciones a las eléctricas

La Audiencia Nacional ha rechazado investigar el supuesto dinero cobrado de más en los llamados Costes de Transición a la Competencia, el dinero que se asignó a las empresas eléctricas para compensar sus inversiones ante la liberalización del sector que tuvo lugar en 1997. El juez Ismael Moreno ha denegado admitir a trámite una querella presentada por la Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común contra la exvicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, el exministro de Industria y Energía Miguel Sebastián, el exsecretario de Estado de Energía Pedro Marín y la empresa eléctrica, entre otros, por los 1.562 millones que cobró ésta.

El magistrado considera que los hechos no son constitutivos de los supuestos delitos de prevaricación y estafa, después de analizar las diligencias practicas por la Fiscalía Anticorrupción y de estudiar el expediente remitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Energía.

"No concurren los presupuestos exigidos reiteradamente por la jurisprudencia" para la existencia de estos delitos, dice el auto.

La asociación de consumidores presentó la querella por considerar que Salgado, Sebastián y Marín permitieron a Endesa, una de las grandes eléctricas que operan en España, cobrar importantes cantidades de dinero -unos 1.562 millones de euros- procedentes de esas compensaciones (los CTC) por el suministro eléctrico que la empresa presta a los ciudadanos.

Los querellantes argumentaron que este cobro supuso una estafa a los consumidores -obligados a soportar el coste de los CTC en el recibo de la luz- porque la subida del petróleo y el gas en 2005 provocó que Endesa cobrara más de lo inicialmente previsto. Esta carga recayó en los consumidores hasta que el Gobierno derogó los CTC en 2006, pero las liquidaciones de los años anteriores quedaron pendientes. Y el Gobierno nunca reclamó el dinero cobrado de más respecto a lo previsto.

El juez insiste en que estos hechos, en cualquier caso, no revisten "caracter de delito" y que, por tanto, la querella "no es fundada a efectos penales". Las empresas de energía renovable siempre han criticado esta compensación a las eléctricas, quienes niegan haber cobrado de más.