Del negocio de las ITV a los cursos de formación

En la maraña de sociedades y fundaciones que conforman el entramado bajo sospecha de Ángel Ojeda, la Policía Nacional marca una línea en 2009. A partir de ese año, la 'expansión' empresarial del exconsejero crece a un ritmo vertiginoso, constituyendo hasta tres sociedades en un mismo día. La UDEF relaciona este impulso mercantil con una decisión de la Junta de Andalucía, que aprobaría en octubre la orden que regulaba la concesión de ayudas para la formación profesional ocupacional. Cuando el grifo de las subvenciones soportadas por fondos europeos redujo su caudal en 2012; también sucedió lo mismo con el entramado del expolítico jerezano, cerrando sociedades que ya no podían optar a convocatorias de ayudas públicas. Los investigadores no creen que esta coincidencia temporal sea una casualidad.

Si se rastrea en la trayectoria profesional del que fuera responsable de la cartera de Hacienda a finales de los 80, antes de su salto a la lucrativa actividad de la formación a parados, se observan otras coincidencias que sitúan a Ojeda orbitando en negocios boyante que dependían directa o indirectamente de la Administración regional, y de los que desaparece cuando la muleta de lo público ya no funciona. Es el caso de las ITV.

Este sector tuvo una gestión mixta en Andalucía hasta la década pasada, cuando la Junta 'nacionalizó' las estaciones que realizan las inspecciones técnicas. En 2003, se aprobaba que la empresa pública Veiasa asumiera en exclusiva la explotación de este servicio. A la competencia privada que había conseguido una concesión administrativa a finales de los 80 tan sólo les quedaba agotar el plazo de 20 años y echar la baraja. Pero antes de ese momento, el sector ya había sido salpicado por las denuncias de enchufismo.

Denuncias en los 80

Durante los años de gestión mixta, el periódico ABC denunció en reiteradas ocasiones cómo las concesiones se otorgaban a exaltos cargos de la Junta, amigos y familiares. El 3 de abril de 1989, por ejemplo, se publicaba la polémica adjudicación de tres estaciones a dos empresas íntimamente ligadas con la Administración andaluza. Una de ellas era ITASA (Inspecciones Técnicas Asociadas del Sur S. A.). Ojeda Avilés llegó a ser consejero de esta empresa a la que se autorizó la explotación de estaciones en Huelva y Cádiz cuando el jerezano era consejero. Si se bucea en los datos mercantiles de esta empresa y su órgano de dirección, se encuentran a otros antiguos responsables de la Junta y destacados miembros de la organización de la Expo 92 en la que Ojeda Avilés también ejerció de director financiero tras abandonar la política.

Al frente de ITASA, cuando fue beneficiada con varias concesiones administrativas, estaba Pedro Valenzuela, jefe de servicio de Industria de la Junta a principios de los 80. En 2009, cuando la empresa iba a perder la gestión de esas estaciones para pasar a manos de la Administración, la presidencia la ostentaba Víctor Flores, exgerente de la Expo, y lo acompañaba en el órgano de dirección su hermano Pedro. Todos ellos salieron de esa sociedad cuando ésta se quedó sin cuota de mercado en Andalucía.

El exconsejero de Hacienda abandonó igualmente la actividad en el terreno de las ITV en 2009 y centra su actividad empresarial ese mismo año en la formación ocupacional, justo cuando la Junta iba a dar luz verde a las condiciones para acceder a las subvenciones para la formación. Nuevamente, el otrora político reconvertido en empresario no se desliga del soporte financiero público. Según los datos que maneja la UDEF, el entramado empresarial que creó presuntamente sólo para conseguir esas ayudas, recibió 48,4 millones de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2012.

Usar las concesiones de las ITV para pagar favores o doblar voluntades en Andalucía ha sido denunciado por un empresario en el 'caso Mercasevilla'. Antonio Pardal aseguró que le habían propuesto la explotación de una estación a cambio de que cediera sus derechos sobre los terrenos del gran mercado de abastos.