La investigación alcanza a otras 12 empresas de Cádiz

La detención del exconsejero y otras ocho personas, además del traslado de la causa a la jueza Mercedes Alaya, no ha frenado los distintos procesos de revisión administrativa, que pueden acabar en denuncias o sanciones. Estos trámites tratan de aclarar el uso que distintas empresas y autónomos dieron a las subvenciones para cursos de formación a desempleados recibidas principalmente entre 2008 y 2012. En la práctica, puede resumirse como que la 'operación Edu', la primera, sigue su curso aunque todos los focos se los haya llevado esta semana su ramificación: la denominada 'operación Óscar' que se centra en el supuesto entramado de Ángel Ojeda Avilés.

Así, de forma paralela, hasta una docena de empresas ubicadas en distintas localidades de la provincia (Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y Jerez, principalmente) están bajo revisión de distintos estamentos -a los que se ha sumado la Junta de Andalucía como confirmó el martes el consejero Luciano Alonso- para aclarar qué uso dieron a las distintas cantidades recibidas entre 2008 y 2012. Entre ellas, destacan las empresas dedicadas a los cursos de formación, como las del exconsejero imputado, aunque de proporciones mucho menores, tanto en las cantidades percibidas como en el número de expedientes de ayudas del que se beneficiaron. Uno de los casos que está bajo investigación llegó a trabajar por encargo directo de una administración pública de la provincia, aunque falta esclarecer si hubo algún tipo de negligencia, violación de los derechos de los trabajadores, de los desempleados o mal uso de las ayudas recibidas.

Las consecuencias administrativas podrían alcanzar, según admite la propia administración autonómica, incluso a particulares.

En determinados casos y con distintas cuantías, incluso los participantes en algunos de los cursos remunerados podrían verse obligados -nunca antes de 2015 según el consejero Luciano Alonso- a devolver una parte de lo recibido siempre que quede demostrado que la formación no existió aunque las mismas fuentes aseguran que será preciso analizar de forma muy detenida cada caso y que todos responden a distintas circunstancias personales o legales.