Los propietarios de vivienda, los paganos de la reforma fiscal de la Comisión Lagares

Si hay un elemento en el que la 'Comisión Lagares' propone una revolución impositiva y que afecta a millones de ciudadanos es la vivienda. De llevarse adelante el nuevo diseño supondría una elevación de la carga impositiva de los que poseen vivienda habitual u otros inmuebles. En España existen 77 millones de inmuebles, según consta en el informe de la Comisión para la Reforma del Sistema Tributario. Además, el 83% de las familias españolas -alrededor de 13 millones- tiene vivienda propia, y un 36% de los hogares tiene una segunda residencia, según los datos del Banco Central Europeo publicados este año. Es decir, cualquier decisión fiscal sobre la vivienda tiene una incidencia en casi la totalidad de los hogares.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ha sido el único impuesto -además de la rúbrica 'otros impuestos indirectos'- que en 2012 mostró un aumento de recaudación respecto al que había antes de la crisis, en 2007. En 2012, el IBI recaudó 10.739 millones de euros, un 47,8% más que en 2007. Para hacerse una idea de su peso, a través del IBI se ingresó casi la mitad de lo recaudado por el Impuesto sobre Sociedades (22.277 millones) en 2012. Por el contrario, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sí ha notado el hundimiento de la venta de viviendas y ha bajado un 66,7% sus ingresos.

En esta situación, la 'Comisión Lagares' plantea una reforma radical en el tratamiento fiscal de la vivienda, a imagen y semejanza de lo que existe en los países anglosajones. Así, propone incrementar la imposición a través del IBI acercando los valores catastrales a los del mercado (ahora representan menos del 50% del valor de mercado) y actualizarlos automáticamente cada año y no cada década como ahora. En la actualidad, la tributación del IBI no es homogénea ni guarda equidad porque el valor catastral presenta una enorme dispersión en función de si se actualizó antes, durante o después del boom inmobiliario. Las revisiones anuales que plantea la Comisión serían públicas y todo el mundo podría conocer a través de internet el valor que se adjudica a su casa, a la del vecino y cualquier otra. El informe también puntualiza que, al establecerse un valor catastral que debe representar más del 50% actual del valor de mercado, el tipo de gravamen «quizá debería ser algo inferior al 1% de los nuevos valores». Y proponen que los ingresos del IBI se repartan entre los ayuntamientos y el Estado (ahora sólo es para los municipios).

Tributar en el IRPF

No obstante, como el cambio del sistema llevaría varios años, mientras se hace la reforma, la Comisión propugna que se tenga que tributar en el IRPF por la renta presunta que se adjudica a la vivienda habitual (en la actualidad sólo se aplica una renta presunta por las segundas viviendas). En un país donde ocho de cada diez familias son propietarias de su vivienda habitual, esta medida supondría una subida impositiva para todo tipo de rentas (altas, bajas, pensionistas, parados, etc). Los expertos de la Comisión justifican su propuesta en que el objetivo es lograr la neutralidad fiscal entre vivienda en propiedad y vivienda en alquiler y también respecto a otras formas de ahorro o inversión. Sin embargo, resulta incongruente que se obligue a tributar por la renta presunta de la vivienda habitual cuando, al mismo tiempo, se defiende que desaparezca el Impuesto sobre el Patrimonio. En la práctica, esto lleva a que el dueño de una Sicav se libre del Impuesto de Patrimonio mientras que un pensionista o asalariado pagará más en el IRPF o en el IBI.

De hecho, ha sido precisamente el gravamen de la vivienda lo que ha motivado el voto particular discrepante de uno de los expertos de la comisión, Pedro Herrera Molina, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tras señalar que el gravamen de las rentas imputadas a la vivienda «constituye un fenómeno poco frecuente y en claro retroceso» en la mayoría de los países (sólo se da en Italia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Suiza), Herrera advierte de que «se imputa un rendimiento que no guarda relación alguna con la utilidad real de la vivienda, ni con la carga tributaria que se haya soportado al adquirir la vivienda ni siquiera con los gastos que de ella derivan», es decir, que se trata de una «renta ficticia». Herrera recalca que los efectos del gravamen «se proyectarían sobre un inmenso número de contribuyentes que serán perceptores de rentas modestas en muchos casos». La Comisión propone que queden exentos los que tengan ingresos por debajo de 20.000 euros y un valor catastral de la vivienda por debajo de 90.000 euros, lo que, a juicio de Herrera, no está demostrado que pueda paliar «los injustos efectos de la medida».