Los escándalos en la cúpula de la patronal madrileña marcan las elecciones

La patronal madrileña hace tiempo que atraviesa fuertes turbulencias. Los problemas de su presidente, Arturo Fernández, con la justicia -imputado por el 'caso Bankia'- o con Hacienda -sus empresas deben tres millones al fisco- se suman a otros escándalos que afectan a algunos de sus colaboradores. Es el caso de Alfonso Tezanos, directivo de CEIM durante años y ahora imputado por el presunto fraude en los cursos de formación. La gravedad de los problemas ha provocado un hecho insólito: por primera vez en 36 años en las elecciones de este lunes en la patronal madrileña no habrá un único candidato. Fernández, que pese a las complicaciones aspira a su tercer mandato, se enfrenta a Hilario Alfaro, presidente de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM), que abandera a un sector de empresarios partidarios de imprimir un aire renovador a la organización.

Arturo Fernández preside CEIM desde junio de 2007, momento en que relevó en el cargo a Gerardo Díaz Ferrán -concuñado suyo- cuando este dio el salto para dirigir la CEOE. Fernández mantiene una gran amistad con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre -con quien compartió colegio- y con su sucesor Ignacio González -cuya mujer ha sido adjunta a la Presidencia de CEIM-. Esta sintonía entre los dirigentes madrileños y Fernández pone en entredicho la neutralidad de la administración regional en la elección. Y es que los líderes del PP parecen decantarse más por el actual presidente. De hecho, no pasó desapercibida la ausencia tanto de Aguirre como de González en un desayuno informativo de Alfaro celebrado en un lujoso hotel de la capital esta semana. Por el contrario, ambos sí asistieron al acto cuando el compareciente fue Arturo Fernández.

Este lunes los 1.233 electores de CEIM se enfrentan a una situación inédita: tener que elegir entre dos candidatos. Una circunstancia que no se habría producido sin los escándalos que salpican a máximos responsables de la organización en los últimos años. Los problemas con la justicia de Arturo Fernández comenzaron con su imputación por el 'caso Bankia' en 2012. En un reciente auto, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó levantar su imputación en la causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad financiera nacionalizada y en la que están imputados los 33 exconsejeros del banco, incluido su expresidente Rodrigo Rato.

Posteriormente, en febrero de 2013, dos exempleados de Arturo Fernández denunciaron la práctica extendida del empresario de pagar en negro hasta la mitad del sueldo de sus trabajadores. En concreto se trataba de la remuneración por las horas extras. El presidente de CEIM tuvo que regularizar su situación con la Seguridad Social y Hacienda al pagar 671.810 euros tras dichas denuncias.

Pero no es el único encontronazo de Fernández con la Agencia Tributaria. Y es que el Grupo Cantoblanco que dirige tiene pendiente una deuda de más de tres millones de euros con Hacienda. Una cantidad que se ha multiplicado por seis en pocos meses, pues el pasado noviembre llegó otra diligencia de embargo en la que la deuda, a 22 de octubre de 2013, se situaba en 416.865,66 euros. El último escándalo que ha estallado en vísperas de las elecciones es el del fraude en los cursos de formación que ofrecía la patronal. El principal acusado es José Luis Aneri, a quien la Policía acusa de embolsarse el dinero de cursos ficticios que ofertaba en internet y que no se impartían o en los que se matriculaban falsos alumnos. La Comunidad reclama a 35 asociaciones empresariales 4,4 millones de euros de subvenciones aprobadas en 2011 y cuyo destino no han podido justificar. En esta causa también está imputado Alfonso Tezanos, colaborador del presidente de la patronal madrileña. Tezanos dejó sus cargos en CEIM para no perjudicar a Fernández en las elecciones.

Pero hay otros colaboradores del actual presidente que han tenido que dimitir por problemas con la justicia. El 3 de marzo Lourdes Cavero, esposa del presidente regional, Ignacio González, y adjunta a la Presidencia de CEIM, decidió abandonar sus cargos «para no ser un obstáculo» en el proceso electoral. Cavero está imputada por su presunta implicación en un delito financiero y otro de blanqueo de capitales en la compra de un ático en una lujosa urbanización de Marbella. Sin embargo, Arturo Fernández la ha recuperado en sus listas electorales.