Sánchez niega haber colocado a militantes del PSOE en el Consistorio

La doctrina Botín, a la que apeló la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, para anular el juicio que le sienta en el banquillo desde el lunes no es de aplicación en su caso, según dictaminó ayer el tribunal de la Audiencia que decidió proseguir con la vista oral por delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental en la contratación de personal cuando tenía el bastón de mando del Ayuntamiento jerezano durante los años 2005-2011. De forma escueta, el presidente del tribunal de la Sección Octava desestimaba los argumentos de las defensas y agarrándose a la doctrina Atutxa, que valida la capacidad de la acusación popular para instar la apertura de juicio sin el respaldo de la Fiscalía o una acusación particular, zanjó el tema.

Los magistrados sí aceptaron el único reproche que el Ministerio Fiscal, que solicita la absolución para la exregidora en esta causa, había efectuado el día antes al escrito de acusación que defiende el letrado de Pedro Pacheco, único impulsor de este asunto en respuesta a la denuncia que en su día planteó Sánchez contra él por colocar a dos amigos y compañeros de partido en empresas públicas. Los magistrados calificaron de «galimatías» la parte del escrito en la que se detallan los delitos y las penas que se piden a cada uno de los siete implicados. Y como esperaba el abogado de Pacheco, el presidente del tribunal le exigió que modificara esa parte del documento sin retocar el relato de los hechos ni incluir nuevos delitos, ya que causaría indefensión a los acusados.

La reacción de las defensas fue inmediata: las protestas más o menos sonoras en la sala se agolpaban. José Manuel Jareño, que representa a Francisco Gil Cuevas, uno de los coordinadores que la exalcaldesa fichó para su equipo, aseguró que en sus «más de 30 años de ejercicio» no había visto «jamás» un trámite de ese tipo e insistía en que los errores detectados en el citado escrito eran motivos suficientes para anularlo. Llegó a afirmar que el tribunal se había inventado esa figura para «salir del atolladero procesal». De inmediato, el magistrado que preside la sala le llamó al orden preguntándole si estaba insinuando que el tribunal había prevaricado. Las disculpas de Jareño llegaron ipso facto: «No me ha entendido, no quería decir en ningún momento que estaban incurriendo en un error a sabiendas».

El resto de defensas también hicieron constar sus protestas y el anuncio de recurso en caso de sentencia desfavorable. Tras un segundo receso para analizar nuevas pruebas documentales que los abogados de los siete acusados querían aportar al procedimiento, finalmente pasadas las 11.35 (una hora y media después del arranque de la sesión), Pilar Sánchez se ponía delante del tribunal. Su letrado, Juan Pedro Cosano, había pasado de pedir reiteradamente la anulación del juicio a decir que su cliente sólo quería que se celebrara y evitar un cierre en falso que no despejara dudas. Si bien, a la hora de responder, sólo admitió las preguntas de las defensas y del fiscal. No permitió que le formulara cuestiones el letrado de Pacheco: «por exigencia de mi abogado».

En defensa de sus asesores

Sánchez está acusada de prevaricación en la contratación directa de «personas de su entorno político» saltándose cualquier procedimiento reglado. La acusación popular sostiene en su escrito que las actas de toma de posesión de los contratados son de fecha anterior a la propia contratación, por tanto carecían de cualquier consignación presupuestaria. En esta situación se encontrarían Francisco Gil Cuevas, que había sido concejal por el PSOE en los años 90, y Rosario Cano. Ambos entraron en el Ayuntamiento en el año 2005 mediante contratos de alta dirección. El primero como coordinador general de Fomento para después pasar al área de Infraestructuras; y la segunda como coordinadora de gabinete de Alcaldía y después asesora del grupo municipal socialista. Sánchez alabó el trabajo desempeñado por ambos y la trayectoria profesional que les hacía idóneos para sus respectivos puestos. De los dos subrayó que eran funcionarios antes de acceder a la Administración: «No le di un sueldo a alguien que no tuviera nada». Sobre Gil Cuevas destacó que fue su experiencia previa como concejal y después como responsable de obras en la delegación de Educación lo que le llevó a contar con él. De Rosario Cano, maestra de profesión, dijo que había sido su trabajo al frente de un instituto coordinando varias parcelas, la que pesó para que accediera a ese puesto: «Es una persona con una capacidad de trabajo enorme. Era la primera que entraba en el Ayuntamiento y la última en irse. Se relacionaba con todas las delegaciones y coordinaba las cuatro secretarías. Me facilitó mucho el trabajo».

De los otros tres contratos bajo sospecha: un delineante, una dinamizadora social y una técnico en Medio Ambiente, se desvinculó por completo. «Fueron puestos que demandaron las distintas delegaciones, que tenía potestad para hacerlo». El Servicio Jerezano de Inserción Laboral (Serjil) fue el encargado de convocar las plazas y seleccionar a los candidatos. Su coordinador, José María Martínez, también está acusado.

Familias políticas

La exalcaldesa negó así haber colocado a tres militantes socialistas; uno de ellos, África Becerra, llegó a ser concejala. Sin embargo, está acusada porque validó los expedientes de contratación con su rúbrica: «Al día dedicaba dos o tres horas a firmar documentos. Pero no aprobaba ninguno que no viniera con el informe favorable del interventor y su consignación presupuestaria». Sánchez aseguró que al llegar al Consistorio dio la orden de que todos los procedimientos administrativos que se acordaran «fueran ajustados a la ley».

Su abogado, para despejar dudas sobre la afinidad de Sánchez con estos tres acusados que accedieron al Consistorio a través del Serjil le preguntó por la relación de África Becerra y Rubén Pérez con «otras familias políticas dentro del PSOE» muy críticas con su gestión. No lo negó incluso añadió que en el caso de Pérez, se informó personalmente de cuál había sido el procedimiento seguido para su contratación. «No, no me gustaba personalmente, pero era legal».

Sin embargo, cuando este acusado fue interrogado por su adscripción al sector crítico del PSOE y su público rechazo a la política que ejercía Sánchez y su ejecutiva, lo negó en rotundo: «Yo acababa de llegar. Asistía a las reuniones como los demás militantes del partido pero no pertenecía a ningún bando». Su respuesta hizo al letrado de la exregidora desistir de hacer las mismas preguntas a la otra supuesta oponente en el partido, África Becerra.