Una red de contratos falsos creada en Jerez acaba con 461 detenciones

La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal organizado desde Jerez y que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero. Dentro de esta operación, ha detenido e imputado a 461 personas que son beneficiarios de los contratos, miembros del grupo delictivo y, entre ellos, su máximo responsable.

Tanto la creación del grupo delictivo como el inicio de la investigación tuvieron lugar en la provincia gaditana, concretamente en la ciudad de Jerez. A partir de esas primeras indagaciones, ayer se realizó una operación de grandes proporciones, con casi medio millar de denunciados y arrestados.

La Guardia Civil asegura que las detenciones se han producido en Cádiz , Huelva, Sevilla, Jaén, Málaga, Algeciras, Granada, Logroño, Valencia, Valladolid, Las Palmas, Vitoria, Toledo, Cáceres, Murcia, Tenerife, Alicante, Castellón, Guipúzcoa, Navarra, Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, Teruel, Bilbao, Gerona y Mallorca.

La operación, bautizada 'Relisto', continúa abierta. La Benemérita ha precisado que siguen abiertas todas las investigaciones sobre otras personas, españoles y extranjeros, y ha destacado la detención de 14 reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario.

Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado. La operación policial ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La operación se inició al tener conocimiento los guardias civiles de la Policía Judicial de Cádiz de la existencia de un entramado criminal, liderado por un vecino de Jerez de la Frontera.

La forma de actuar

Este hombre, el cerebro de la trama, creaba empresas fantasma, al frente de las cuales figuraban como administradores únicos, en la mayoría de los casos, toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales, a los que se les pagaba por figurar como tales. Para ello, el entramado actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La organización llegó a montar hasta diez empresas con gran cantidad de trabajadores en su nómina. Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados, tales como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídos por las empresas y los supuestos trabajadores, concretándose que no tenían actividad alguna, por lo que era patente que se trataba de empresas simuladas.

De esta forma, la red y su máximo responsable obtenían cuantiosos beneficios económicos, ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta en las empresas se les cobraba una cantidad de dinero. Además, a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, seguros sociales o retenciones a cuenta, cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la administración pública.

Agujero público de 2,6 millones

De esta manera, ocasionaron un gasto a la Administración del Estado (en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos) superior a los 2,6 millones de euros, cantidades que ya están siendo rembolsadas a los organismos correspondientes.

Debido a la gran cantidad de detenciones que se han realizado por toda España, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz , ha necesitado el apoyo de las distintas Comandancias.