ANDALUCÍA

El nuevo fiscal anticorrupción investigará las facturas falsas de UGT-Andalucía

Fernando Soto Patiño, procede de delitos económicos y hasta ahora prestaba apoyo a la investigación del caso Invercaria

SEVILLA. Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

El fiscal jefe Anticorrupción confirmó ayer que su departamento asumirá la investigación de las facturas falsas de UGT-A, por orden del fiscal general del Estado y que de ella se hará cargo un nuevo fiscal, el tercero con que va a contar la provincia de Sevilla.

La semana pasada la fiscal jefe sevillana, María José Segarra, pidió a la Fiscalía que destinara a la capital andaluza una de las nuevas plazas que se han creado en el ministerio público en este ejercicio, dado el aumento de la carga de trabajo a la que ha de hacer frente la demarcación. Sevilla contaba hasta ahora con dos fiscales anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, mientras Málaga tiene cuatro.

En respuesta a esta demanda, la Fiscalía General del Estado, que detenta Eduardo Torres Dulce, ha asignado la causa a Fernando Soto Patiño, según confirmó María José Segarra.

Soto Patiño procede de la sección de delitos económicos y estaba ya prestando apoyo a la Fiscalía Anticorrupción en la investigación del llamado 'caso Invercaria', que se sigue en el juzgado número 16, que dirige el magistrado Juan Gutiérrez Casillas.

El nuevo fiscal anticorrupción sevillano habrá de trabajar en la instrucción abierta en el juzgado número 6, de la magistrada Mercedes Alaya, que tiene abiertas diligencias a instancias del colectivo de funcionarios Manos Limpias sobre el presunto uso fraudulento de fondos públicos por parte de UGT.

Manos Limpias presentó una denuncia en Madrid contra el secretario general de UGT , Cándido Méndez, y al tesorero Antonio Retamino por considerar que el sindicato se quedaba presuntamente con un 15 % de las subvenciones para cursos de formación y el Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES), creado por el sindicato, con otro 4 %. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió el pasado mes de diciembre enviar las diligencias a la jueza Mercedes Alaya, que ya tenía a su cargo la investigación sobre las finanzas del sindicato, también a instancia de Manos Limpias, por la utilización de facturas falsas para asignar a fondos de formación para el empleo gastos diversos que no tenían esta finalidad y que, en ocasiones, revisten carácter escandaloso, como la celebración de una comida en la feria de Sevilla, viajes, karaokes o el regalo de maletines fabricados en Asia a los asistentes a un congreso, como ha denunciado el periódico El Mundo.

La Junta de Andalucía, que decidió revisar de oficio las ayudas concedidas al sindicato, ha decidido ya reclamar dos de ellas, por un importe de 1,8 millones de euros, y aún tiene en estudio otros 15 expedientes, en distintas fases de investigación, por los que se calcula que el sindicato podría verse obligado a reintegrar 7,5 millones.

De momento, el Gobierno andaluz no ha decidido acudir a la vía penal para recuperar este dinero y el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, que dijo ayer que «aún queda partido» por disputar, aseguró que la Junta va a «pelear hasta por el último euro que haya podido ser mal utilizado».

Además, Alaya investiga la presunta financiación de UGT y CCOO con cargo a los ERE fraudulentos y estima que ambos pudieron recibir 7,8 millones en sobrecomisiones, y tiene abierta una pieza separada y secreta dentro del sumario por el fraude en la Consejería de Empleo.

Nuevo caso en Mercasevilla

Por otra parte, la Fiscalía de Sevilla pidió ayer abrir un nuevo sumario en el caso Mercasevilla, que sería ya el quinto en instrucción, a causa de una supuesta factura falsa de 16.938 euros aparecida en la investigación por la venta de suelos a la empresa Sanma.

Esta nueva instrucción se refiere a una factura que los exdirectivos del mercado Fernando Mellet y Daniel Ponce cobraron a la sociedad Larena 98 «bajo el falso concepto de gastos por vallas publicitarias» y que en realidad respondía a dos informes sobre la viabilidad de una estación de ITV en los terrenos de Mercasevilla, pagada por la lonja, «si bien su importe real era menor que el facturado», según el fiscal, indica la agencia Efe.