La Justicia investiga a ediles del PP de Tomares, del que es alcalde José Luis Sanz

Agentes policiales de paisano y el secretario del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla se personaron en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Tomares, en el área metropolitana de Sevilla, y requisaron documentación y dos ordenadores, uno del concejal de Medio Ambiente, Juan Campos. La actuación responde a la investigación judicial abierta por la denuncia de la Fiscalía contra el citado concejal y los también ediles del Partido Popular Eloy Carmona, portavoz municipal, y Carmen Fuentes, concejala de Cultura, por los presuntos delitos de malversación y prevaricación por la contratación irregular de trabajos municipales a Campos antes de ser concejal. La actuación judicial no tendría demasiada trascendencia si el alcalde del municipio no fuera el actual secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, uno de los aspirantes a suceder a Juan Ignacio Zoido. Sanz no está imputado.

Según la denuncia elevada a la Fiscalía por ediles de IU y PA en Tomares, el Ayuntamiento pagó informes sobre los servicios de limpieza a Campos de apenas dos o tres líneas de comentarios y elaborados con posterioridad al cobro. Según la denuncia, el ahora edil de Medio Ambiente pudo haber cobrado 50.000 euros de forma irregular entre los años 2007 y 2009. El Gobierno de Sanz negó irregularidades en la contratación de los trabajos de Campos y aseguró que estos iban acompañados de hasta 200 fotografías.

La visita inesperada de los agentes judiciales al ayuntamiento que dirige San ocasionó el lógico revuelo. El secretario general no asistió como se había anunciado a una reunión en la sede regional del PP con coordinadores provinciales de las europeas, que presidía la vicesecretaria de Organización, Ana Corredera. Esta no quiso pronunciarse sobre la investigación judicial. Negó que se tratara de un registro (como los ordenados por Alaya en UGT) y añadió que en el PP se vivía con «absoluta tranquilidad» el episodio.

José Luis Sanz dijo a Europa Press estar «tranquilo» y haber dado órdenes en el Ayuntamiento para que se facilitara toda la información porque «no hay nada que ocultar». En un comunicado, el gobierno de Sanz aclara que los documentos requeridos son originales de otros que ya se remitieron al juzgado.

Corredera aseguró que no hay ediles imputados, sino propuestas de imputación de la Fiscalía, aunque al parecer la jueza instructora habría tomado ya declaración a finales del pasado 2013 a los tres concejales denunciados y a «seis o siete» testigos, según dijeron fuentes judiciales a Europa Press.

En el comunicado, el gobierno municipal de Tomares se queja de que la comisión judicial llegara sin avisar al Ayuntamiento cuando este ha colaborado remitiendo toda la información solicitada.

Tanto la investigación judicial a tres ediles -Eloy Carmona es además secretario general del PP en Sevilla-, como la visita de la comisión judicial al Ayuntamiento de Tomares sucede en un momento crucial en las expectativas políticas de José Luis Sanz. El secretario general del PP-A es uno de los aspirantes con mayores posibilidades de sustituir a Zoido y liderar el partido en Andalucía. Es el favorito de Zoido y estaba previsto que le sucediera el pasado diciembre en una operación luego abortada por Rajoy. Preguntada sobre ello, Corredera descartó que el caso pudiera repercutir en las aspiraciones de José Luis Sanz. «No tiene nada que ver», respondió.

PSOE e Izquierda Unida sí le dieron transcendencia en este sentido. El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, opinó que Sanz «ha perdido puntos para ser candidato» por que ha sido un «martillo de herejes» cuando ha tocado a otros partidos situaciones parecidas. Recomendó a Sanz que «con su martillo en la mano se mire al espejo y a lo mejor le entran ganas de romper el cristal». La secretaria de Política Municipal del PSOE, Rafaela Crespín, también exigió explicaciones a Sanz y a Zoido por la investigación porque este caso «toca al corazón del PP».