La Generalitat pone en marcha la maquinaria para celebrar el referéndum independentista

Un día después del acuerdo entre los partidos soberanistas catalanes para fijar la fecha y la pregunta sobre la consulta independentista, la Generalitat puso en marcha su maquinaria con vistas a celebrar el referéndum el 9 de noviembre de 2014. Empezó a confeccionar el censo de electores y las fuerzas soberanistas registraron en el Parlamento de Cataluña la petición al Gobierno de Mariano Rajoy para que delegue las competencias para la celebración del referéndum. Solicitud que será debatida, y rechazada, en el Congreso.

La administración catalana quiso escenificar que se ha puesto manos a la obra para tratar de neutralizar un cierto pesimismo que se ha instalado en la sociedad catalana, que más allá del paso histórico dado el jueves, teme que la legalidad imposibilitará la celebración de la votación. El Ejecutivo catalán dice que intentará hasta el último minuto el pacto con Mariano Rajoy, pero, mientras tanto, quiere tener la logística lista por si, como se espera, la administración española no colabora.

La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, relató ayer que un equipo de veinte personas de su departamento ha recibido el encargo de preparar todos los aspectos técnicos que rodean al referéndum. El primero, la elaboración de un censo propio. Si el Gobierno autorizara la consulta, la Generalitat no necesitaría confeccionar un censo paralelo porque el Estado, que es quien tiene la competencia exclusiva en esta materia, se lo cedería como hace en las elecciones autonómicas. Pero teniendo en cuenta que la autorización del Gobierno de Rajoy es casi imposible, la Generalitat prepara un registro de participantes, que se crearía con la autorización explícita de cada uno de los electores y que se incluiría en la ley catalana de consultas.

Esta norma, según el texto inicial que aún debe aprobar la Cámara catalana, permitirá participar en el referéndum a los ciudadanos españoles o europeos que estén empadronados en Cataluña y tengan más de 16 años. En un primer momento, se especuló con que el Gobierno catalán podría emplear la tarjeta sanitaria o los datos del padrón para elaborar el censo, pero estas opciones están casi descartadas.

En paralelo, CiU, Esquerra, Iniciativa y CUP registraron en el Parlamento de Cataluña una petición al Congreso para que permita al Gobierno catalán convocar un referéndum. El texto, que deberá debatirse en la cámara autonómica en enero, insta a las Cortes de España a «delegar en la Generalitat la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo». La petición llegará al Congreso por doble vía, como proposición de ley y a través de una propuesta de resolución de los diputados de CiU, Esquerra e Iniciativa en Madrid.

Legal o ilegal

En el día después, los partidos que impulsan la consulta no solo reconocieron las dificultades que encontrarán durante el camino, sino que no fueron capaces de mostrarse como frente monolítico. Convergència, Unió y el Ejecutivo catalán coincidieron en que la consulta sólo se hará ajustada a la ley española o la catalana, y en este último caso siempre que no sea impugnada al Constitucional. «La consulta será legal o no será», afirmó el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida. Sus palabras fueron ratificadas por el consejero de la Presidencia, Francesc Homs. Esquerra, en cambio, aseguró que la consulta se hará en cualquier caso. «Si alguien pone la excusa de la Constitución española para no dejarnos votar, apelaremos al marco del derecho internacional. La consulta se hará igualmente, bajo la cobertura de la legislación internacional», dijo la secretaria general del partido, Marta Rovira.

El plan B de CDC y de UDC es distinto y pasa por convocar unas elecciones autonómicas, a las darían el carácter de plebiscitarias.

Los republicanos, además, no se mostraron muy predispuestos a entrar en el Gobierno de Mas pese a que el presidente catalán ha cumplido todas las condiciones impuestas para que Esquerra dé ese paso. Su líder, Oriol Junqueras, señaló ayer tras reunirse con Duran Lleida que su partido «no tiene urgencia de estar el Gobierno», un asunto que el Gobierno de Mas, en cambio, quiere abordar «después de Reyes».

En lo que sí se pusieron de acuerdo los cuatro partidos fue en instar al Gobierno central a que entienda que en Cataluña hay una mayoría que quiere cambiar el statu quo. «Creo que el paso dado ayer -por el jueves- es el inicio de un proceso que afectará a toda España». «Rajoy no puede quedarse siempre tras la muralla», dijo Duran. Homs vio el no de Rajoy de «manual», pero acabará «madurando».