La derrota judicial aviva la guerra del grupo Clarín contra Cristina

Lejos de poner fin a la disputa que mantiene el Gobierno argentino con el grupo periodístico Clarín desde hacía cuatro años, el fallo judicial que declaró definitivamente la validez de la ley de medios audiovisuales inaugura lo que ya se perfila como una nueva etapa de la controversia. A regañadientes la empresa multimedios aceptó fragmentarse, pero a la vez promete seguir la batalla política y en los tribunales contra la norma que la obliga a reducir su influencia.

Sancionada en 2009 por el Congreso Nacional luego de un prolongado debate en el que intervinieron organizaciones sociales, académicas y empresas, la ley acaba de ser declarada constitucional por la Corte Suprema de Justicia. De esa manera, las impugnaciones que había hecho Clarín para eludir el cumplimiento fueron denegadas. El alto tribunal sostuvo que la norma no afecta la libertad de expresión ni pone en riesgo la sustentabilidad económica del grupo.

Los magistrados tampoco aceptaron los argumentos de la empresa en el sentido de que la letra de la ley está diseñada para ir contra su grupo. «Regula el mercado» y lo hace «sin distinción alguna respecto a los sujetos alcanzados por sus disposiciones», estableció el fallo, largamente esperado por el Gobierno de Cristina Fernández, que mantiene un sordo enfrentamiento con el grupo de medios, devenido en su principal y más poderoso adversario político. Una semana después del veredicto inapelable, Clarín presentó un plan de adecuación que divide en seis unidades productivas el imperio que hoy tiene el 60% de Cablevisión -la principal distribuidora de televisión por cable e Internet en todo el país-, y que acumula señales, productoras de contenidos, canales de televisiones nacionales y provinciales, radios, además de diarios y revistas, entre ellos el tradicional periódico del grupo, Clarín, su buque insignia.

Su socio en Cablevisión, Fintech, anunció esta semana que podría desprenderse de su 40% en la firma, si se le aprueba la adquisición de Telecom argentina. Forzado por la sentencia, Clarín hizo la propuesta mediante un escrito en el que manifiesta su profundo rechazo a la ley y su decisión de seguir litigando contra el Estado. «Se nos está avasallando bajo amenaza de confiscación», sostiene la compañía, que calificó también de «arbitrarias» las disposiciones de la ley porque «reducen el pluralismo, condicionan la labor periodística y restringen la libertad de expresión».

En opinión del grupo, hay un «avance ilegal y de facto» del Gobierno contra la firma «para quitarle compulsivamente sus medios», a los que ubica «entre los pocos críticos que aún quedan». Pero pese a todo aceptó limitarse mediante la creación de empresas medianas o pequeñas.

Adecuación obligatoria

El comunicado de Clarín señaló que los titulares de cada una de las nuevas unidades serán designados a medida que avance el proceso, reivindicando así su derecho a adaptarse de manera voluntaria y no de oficio como correspondería debido al vencimiento del plazo de un año que ofrecía el texto legislativo para quienes aceptaran restringirse buenamente y sin litigar.

La ley permite que los grupos excedidos presenten un programa de adecuación voluntaria en el cuál el responsable de las licencias decide a quién traspasar las excedentes. Si los empresarios no acatan esta directiva, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) puede intervenir de oficio, tasar las licencias que sobrepasan el límite, concursarlas y adjudicarlas a nuevos interesados. Pero Clarín encontró la vía para adecuarse en forma voluntaria, sumándose a una propuesta hecha a su debido tiempo por su socio, Fintech.

El titular de Afsca, Martín Sabbatella, adelantó que el organismo tiene 120 días para analizar la proposición, como están haciendo con otros 29 de los 39 grupos que se presentaron para adecuarse. También dejó entrever que el Afsca podría aceptar que las nuevas unidades de Clarín estén encabezadas por exsocios o familiares. De hecho, otros grupos lo están haciendo así.

«Cualquier ley antimonopólica permite que los socios se dividan y que cada uno tenga empresas del tamaño que permite la norma. Pero tienen que ser unidades económicas distintas, con gerencias y administraciones diferentes. No pueden funcionar como grupo», advirtió el funcionario designado por Cristina para presidir el organismo luego de la sanción de la ley.