El PP reitera a la Junta que cese a la gerente de IDEA por su imputación en el Plan Bahía

La titular del juzgado número 4 de Cádiz ha citado a declarar a partir del próximo 16 julio a cuatro imputados por el fraude en las ayudas a la reindustrialización, el 'caso Plan Bahía'. Entre las personas que acudirán al juzgado la semana que viene se encuentran la exdiputada del PSOE y exresponsable de Empleo en la Diputación provincial la pasada legislatura, María José Valencia, el exgerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de la Diputación, Teodoro Garrido, además de dos responsables del Ministerio de Industria en la anterior etapa del Gobierno de Zapatero.

La instrucción se centra en localizar el dinero perdido de las inversiones públicas recibidas para la creación de empleo en la Bahía, que fueron a parar a proyectos del empresario gallego Dávila Ouviña. La suma asciende a unos 21 millones de euros obtenidos desde 50 empresas pantalla desde las que se pedían las ayudas. La Policía sospecha que el descontrol de las administraciones favoreció el presunto fraude. Las tres fases de la operación se han saldado con 31 detenidos.

El vicepresidente del PP y presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, se refirió ayer a este asunto y confirmó que se ha procedido al despido del responsable del (IEDT) de la Diputación, que ha sido imputado en el marco del 'caso Bahía Competitiva' e instó a la Junta a que actúe del mismo modo con la gerente provincial de la Agencia IDEA, Rosa Mellado, que también está imputada y «sigue trabajando». Señaló al respecto que la Diputación ha despedido a Teodoro Garrido, quien fuera gerente del IEDT. En este sentido, explicó que cuando fue llamado a declarar por la Policía en relación al caso sobre el supuesto fraude millonario en las ayudas del Plan Bahía Competitiva «nos sentamos con él y le dijimos que si había imputación y se tenía que ir». Así, «hoy ya no está en la Diputación, no tiene relación laboral».

Comentó que, con independencia de «quien quiera medallas» atribuyéndose ser el primero en denunciar el caso -en alusión a la Junta-, lo que «está claro es que en julio tomamos posesión en la Diputación y en agosto denunciamos que había algo extraño en el Plan Bahía Competitiva». Además, lo denunciaron «con pruebas claras, como era un correo en el que Antonio Perales, exgerente del Plan Bahía Competitiva, daba órdenes de a quién había que favorecer», entre los que citó al empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña.