Griñán propone un tope del déficit del 2,2% para las comunidades autónomas

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, apuntó días atrás como aspiración de Andalucía un tope del déficit público de no menos del 1,7% del Producto Interior Bruto (PIB), tras el reparto que se prevé del margen de flexibilidad de dos puntos que Europa ha concedido a España. Eso supondría un colchón para gasto de al menos 500 millones de euros y un punto más del techo fijado en principio para este año, el 0,7%. Pero ayer Griñán fue más lejos y, en sintonía con su reclamo de un reparto «equilibrado» entre comunidades y Estado de la obligación de contraer el déficit, subió el porcentaje. «Lo lógico sería que las comunidades tuvieran el 35% del total del déficit», lo que equivaldría al 2,2%, más de setecientos millones de euros de desahogo en el caso andaluz.

Griñán apuntó el dato en el debate de control del Parlamento a una pregunta del portavoz de IU, José Antonio Castro, sobre déficit y modelo de financiación. Una pregunta y una respuesta al calor de la negociación sobre el reparto entre el Ministerio de Hacienda que se resolverá en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Gobierno andaluz fija posiciones ambiciosas ante la cita. Castro reclamó que los más de 70.000 millones de euros en tres años derivados de la relajación del déficit deben destinarse por entero a las comunidades para compensar los ajustes en sanidad, educación, bienestar social y empleo.

Pactos a lo Rubalcaba-Rajoy

Un déficit más flexible y un cambio en la financiación que no le haga perder a Andalucía mil millones de euros como ahora son las cuestiones que Griñán ofrece a Zoido reivindicar ante Madrid en un pacto a la andaluza a semejanza del que en Madrid han sellado Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy.

Lo hizo en la réplica a Juan Ignacio Zoido, después de que este le reprochara haber actuado con «deslealtad» expulsando al PP del pacto por la transparencia, en referencia a la ruptura de negociaciones por la publicación de la ley de esta materia antes de que la conocieran los diputados. Griñán le replicó que se trata de un proyecto de ley al que le queda un gran recorrido con tiempo para sumarse con propuestas, algunas ya pactadas entre los grupos.

«En esta tribuna tuvimos un pacto por el Guadalquivir y ya ve de qué ha servido», le espetó Griñán como reproche por el voto del PP en el Congreso en contra de que el Gobierno delegue a la Junta competencias sobre el río, algo pactado por todas las fuerzas políticas en 2011.

En su segundo turno Zoido volvió a sacar el tema de los ERE fraudulentos para de nuevo colocar a Griñán como la «figura clave» en el caso de corrupción detectado en la Consejería de Empleo y cuya causa judicial suma cerca de sesenta imputados, entre ellos varios excargos de la Junta. El PP ha establecido como estrategia apuntar directamente a Griñán por su condición de consejero de Economía y Hacienda cuando los hechos al responsabilizarle de no atender las advertencias del interventor general, que Griñán afirma que no vio, y por haber autorizado ampliación del fondo destinado a las ayudas sociolaborales luego esquilmadas con comisiones millonarias por la presunta trama corrupta. «Usted es una figura clave» en el caso, afirmó.

Zoido aludió a las declaraciones de un imputado, el testaferro Francisco Algarín, que dijo a la jueza haber repartido sobres con dinero en las cercanías del Parlamento, destinado supuestamente a cargos socialistas. Esta es la pista que sigue ahora la jueza Alaya. «No digo que usted lo conocía, lo único que le digo es que ayude a demostrar que es mentira».

Griñán le replicó aludiendo a los sobresueldos que ha recibido de su partido (24.000 euros anuales), declarados en su renta, pero en opinión del PSOE no reflejados en la declaración de bienes del Parlamento colgada en su web. El socialista recordó que Zoido es el responsable de vigilar estas cuestiones como presidente de la comisión del Estatuto del Diputado. El portavoz del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, dijo luego que su partido e IU pedirán la reunión «urgente» de dicha comisión para analizar los sobresueldos de Zoido y de otros cargos del PP.