Presa fácil de regímenes populistas

La nacionalización de Sabsa, la filial boliviana de Abertis y Aena que gestiona los principales aeropuertos del país, ha puesto de nuevo sobre la mesa el problema de inseguridad jurídica al que se enfrentan muchas multinacionales españolas con presencia en Latinoamérica. Apenas mes y medio antes, el Gobierno de Evo Morales expropió cuatro pequeñas empresas con participación mayoritaria de Iberdrola. Y el pasado 30 de abril hizo lo propio con la filial de Red Eléctrica. Movimientos que se sucedieron al más polémico proceso expropiatorio sufrido por una compañía española en los últimos años: el de YPF en Argentina, que incluso desencadenó una crisis diplomática entre ambos países.

Hay quien explica estas acciones por la situación de debilidad política que atraviesa España, y que sería aprovechada por estos países para pescar en aguas revueltas. Pero lo cierto es que las transnacionales españolas no son las únicas que se han visto afectadas por las pulsiones nacionalizadoras de regímenes de corte populista, una clasificación en la que se podrían encuadrar a países como Venezuela, Bolivia o la propia Argentina. De hecho, desde su llegada al poder en 2006, Evo Morales ha impulsado una veintena de nacionalizaciones de compañías de muy diversa procedencia.

«Esto es el día a día de las multinacionales. Forma parte de una realidad compleja. Lo que pasa es que la internacionalización de nuestras empresas es relativamente reciente y no estamos acostumbrados a episodios de este tipo», reflexiona Carlos Malamud, catedrático de Historia de América de la UNED e investigador del Real Instituto Elcano. Efectivamente, desde hace 20 años la presencia empresarial española en la zona se ha intensificado. Grandes corporaciones como los bancos Santander y BBVA, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural o Mapfre están plenamente asentadas en países latinoamericanos.

El hecho de que buena parte de esas compañías desarrollen su actividad en sectores altamente regulados y estratégicos (carburantes, electricidad, transportes, comunicaciones) las convierten en blanco fácil para gobiernos que hacen del nacionalismo económico una de sus banderas. «Ahora parece que España es la principal víctima, pero lo que ocurre es que la inversión española en este tipo de sectores es superior a la de otros países europeos. Esto no pasaría en otras actividades, como la textil o la vitivinícola», sostiene Ramón Noguera, profesor de Relaciones Internacionales y Director Académico de EADA.

Asumir riesgos

«El papel de la inversión extranjera en un país como Bolivia es muy limitado. Las empresas lo saben, pero deciden asumir riesgos. Uno de ellos es la expropiación, un procedimiento totalmente normal, siempre y cuando paguen una indemnización justa», sostiene Malamud. En este punto es cuando surgen los problemas. Por ejemplo, Red Eléctrica, que vio expropiada su filial Transportadora de Electricidad (TDE) el 30 de abril de 2012, aún espera una compensación económica por parte del Gobierno de Evo Morales, que hasta el 8 de enero no contrató a una empresa encargada de realizar la tasación. Repsol, con una fuerte presencia en el país, logró evitar la expropiación de su filial boliviana en 2006, cuando Morales llega al poder y nacionaliza los hidrocarburos. A cambio, hubo de renegociar su contrato de explotación para reservar al Estado boliviano un trozo más grande del pastel.

«Es legítimo que los gobiernos quieran rescatar los servicios públicos, pero teniendo en cuenta las cláusulas de los contratos firmados con las empresas», asegura Xavier Mendoza, director del Observatorio de la Empresa Multinacional Española de Esade. A su juicio, el caso ocurrido con Sabsa «no hace sino amplificar el riesgo país que representa Bolivia. La Unión Europea debe hacer respetar las reglas. Si hay discrepancias sobre la interpretación de los contratos, hay que activar los arbitrajes. Lo que no es de recibo es enviar las tropas a ocupar las empresas».

Según el presidente de la CEOE, Juan Rosell, las compañías españolas se enfrentan a un complejo marco regulatorio y un creciente proteccionismo en Latinoamérica. Por eso en los últimos años el flujo de inversión bruta española en los seis países más proteccionistas del continente (Bolivia, Argentina, Cuba Ecuador, Nicaragua y Venezuela) se ha reducido de forma considerable. En el periodo precrisis (2004-2007), representaban el 17,3% de la inversión española en toda Lationamérica. Entre los años 2008-2011, esa cifra cayó hasta el 6%. Y en los siete primeros meses de 2012, se hundió en el 2,5%.