Alberto Ruiz-Gallardón observa la hora durante su comparecencia ante los medios. :: JOSÉ RAMÓN LADRA
ESPAÑA

Justicia quitará el sueldo a dos de cada tres vocales con la reforma del Poder Judicial

Gallardón se olvida de su programa electoral y mantiene en el Parlamento la elección de los 20 miembros del gobierno de los jueces

MADRID. Actualizado: Guardar
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El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica de forma sustancial la actual estructura del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en vigor desde los años ochenta.

Las modificaciones se centran en el 'adelgazamiento' general del órgano de gobierno de los jueces en competencias, personal y presupuesto. La principal novedad reside en la eliminación de los sueldos con dedicación exclusiva a dos de cada tres vocales. El Ejecutivo quiere que la reforma entre en vigor en septiembre, con la elección del nuevo Consejo.

Este 'lavado de cara' del CGPJ era una de las medidas electorales que había anunciado el PP a bombo y platillo. Sin embargo, pese a que el proyecto del Ministerio de Justicia mete la tijera en las arterias del actual Consejo, el Gobierno dejó de lado uno de los puntos centrales de su programa: que parte de la elección de los vocales recaiga en los propios jueces y no en el Parlamento. Una promesa incumplida que cayó como un torpedo entre las asociaciones judiciales, que lo consideran un 'hachazo' a sus reivindicaciones para «despolitizar» su órgano de gobierno.

De esta manera, la elección de los 20 vocales seguirá dependiendo del Congreso y del Senado. Algo que exigía el PSOE para llegar a un acuerdo con el Gobierno. La nominación de los ocho consejeros de reconocido prestigio jurídico (catedráticos, fiscales, abogados o secretarios judiciales) se mantiene intacta y donde más cambios se introduce es en la selección de los 12 vocales procedentes del turno judicial.

A partir de ahora, si un juez quiere presentarse deberá reunir el aval de 25 jueces o magistrados en servicio activo o el aval de una asociación judicial. Cada juez o asociación podrá apoyar hasta un máximo de doce candidatos. Posteriormente, el presidente del Tribunal Supremo remitirá a las cámaras la lista definitiva de candidatos para su designación. Además se tendrá en cuenta la proporción de los asociados y no asociados, lo que en la práctica supone quitarle poder a los colectivos judiciales, que están detrás de las protestas contra las reformas de Alberto Ruiz-Gallardón.

La otra novedad más importante se refiere a la reducción de los vocales con dedicación exclusiva. En la actualidad hay 20 vocales más el presidente del Consejo. Y a partir de septiembre se quedará en siete vocales más el presidente.

Rebaja salarial

Como es lógico, este adelgazamiento se traduce en más ahorro, ya que ahora un vocal cobraba 112.249 euros brutos anuales y con la reforma solo tendrán sueldo los siete 'liberados', 106.922 euros, porque pasan a igualarse con un magistrado del Supremo.

Seis de los siete vocales (el séptimo es ekl vicepresidente) formarán parte de la comisión Permanente, que se encargará de las tareas cotidianas y tendrá más competencias. Habrá turnos de un año para que los 20 vocales puedan pasar por este órgano. Mientras, el resto continuará en el ejercicio de su función y solo acudirá a los plenos mensuales, donde cobrará las dietas.

A partir de ahora, el pleno ejerce las máximas funciones, como las referidas al nombramiento del presidente, la elección de los magistrados del Supremo, la aprobación de los reglamentos o los presupuestos del Consejo. Y se pasará de doce a cuatro comisiones, ya que solo quedarán la Permanente, Disciplinaria, de Igualdad y Asuntos Económicos.

Además, nace la figura del promotor de la Acción Disciplinaria, un magistrado del Supremo con más de 25 años de antigüedad que incoará los expedientes contra jueces. Las sanciones corresponderán a la Disciplinaria, excepto la separación del servicio que será acordada por el pleno.

Gallardón defendió ayer la reforma, ya que introduce medidas de «simplificación y ahorro», mientras que las asociaciones judiciales denunciaron que supone la «subordinación» del Consejo al Poder Ejecutivo, lo que es un «ataque gravísimo» a la independencia judicial.