Varios colectivos denuncian ante el Defensor que se oculta información sobre el edificio de Valcárcel

La Asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz Ecologistas en Acción, Confederación General del Trabajo (CGT-Andalucía), Asociación Cultural la Fábrika, Asociación Pro-Derechos Humanos Andalucía, colectivo CEPA y el Zaguán han denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz las «enormes dificultades» que tiene la sociedad para conocer la situación del Bien de Interés Cultural (BIC) Hospicio de Valcárcel y el proyecto urbanístico que se esconde tras él; y entienden que Diputación «oculta» el expediente de venta de este edificio.

En un comunicado, señalan que el Defensor del Pueblo «dio la razón el pasado mes de julio» a dichos colectivos, dirigiéndose «en múltiples ocasiones» a la Diputación Provincial para que esta Administración no infringiera el derecho al acceso a la información de la sociedad gaditana; recordando que el último requerimiento tuvo lugar en octubre.

Tras estos requerimientos, aseguran que la Diputación Provincial envió un fax a Ecologistas en Acción Cádiz con información «sesgada» y en varios puntos «errónea». En este documento, detallan, la Diputación informa de que la venta del BIC se realizó «por 8.080.000 euros» pero indica que la fecha de tasación es del 23 de diciembre de 2012 «fecha no acontecida» y «obvia la solicitud de consulta de los expedientes de venta y tasación del BIC».

La Asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz critican, del mismo modo, el «silencio administrativo» en torno a la condición «suspensiva» del contrato de venta con Zaragoza Urbana que aparece reflejado en la nota simple del registro de la propiedad, efectuada en septiembre de 2003, en la que dice textualmente que la presente enajenación «queda sujeta a la condición suspensiva consistente en el cumplimiento por el adjudicatario de la obligación de promover y alcanzar la aprobación definitiva de la modificación del PGOU de Cádiz».

La asamblea de Valcárcel Recuperado y los colectivos sociales de Cádiz reclaman respuestas y quieren saber, transcurridos nueve años desde la firma, si Zaragoza Urbana debería haber devuelto el BIC a Diputación de Cádiz, y ésta devolver los 8.080.000 euros de la venta. Además, quieren conocer igualmente si Zaragoza Urbana debería reparar los daños «denunciados por el perito colegiado», aportados en el informe presentado a la Consejería de Cultura.