La Delegación expedienta a otros 300 indignados

La Delegación del Gobierno de Madrid ha emprendido una ofensiva para sancionar a los participantes en las manifestaciones convocadas por la Coordinadora 25S que no fueron comunicadas a las autoridades.

Primero fue el pasado martes, cuando la Policía identificó a 50 personas que estaban en la Cuesta de Moyano, próxima a la plaza de Neptuno, punto de encuentro de la convocatoria. Y después este sábado, cuando los agentes tomaron los datos de 300 personas en la Plaza de España, de donde salió la marcha que concluyó también en Neptuno. A unos y otros, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, les ha abierto un expediente administrativo tras recibir las denuncias policiales. Las sanciones pueden ascender hasta los 300 euros.

En los próximos días los afectados recibirán las notificaciones y tienen derecho a presentar alegaciones. Un instructor nombrado por la Delegación revisará los expedientes y decidirá si los ejecuta. En caso positivo, los denunciados tienen abierta la vía judicial contencioso-administrativo. Pero este recurso final podría tardar meses en resolverse.

La Delegación sostiene que estas manifestaciones en espacio público no cumplen la ley al no estar comunicadas. Y con la norma en la mano alegan que, según la Ley de Seguridad Ciudadana, tiene consecuencias sancionadoras para los «promotores o convocantes». No es baladí que la policía haya identificado a estas personas en los puntos de partida de las marchas, ya que los considera sus «promotores». Cabe recordar que la convocatoria del 25S fue comunicada por una persona a la que multaron con 6.000 euros por los incidentes.