El juez Ruz concluye que Interior no tuvo nada que ver con el chivatazo a ETA

El juez Pablo Ruz enterró ayer, casi de forma definitiva, la supuesta implicación del Ministerio del Interior que entonces dirigía Alfredo Perez Rubalcaba en el chivatazo a ETA en 2006. El magistrado de la Audiencia Nacional procesó ayer por el soplo al aparato de extorsión de la banda terrorista exclusivamente al ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros, exjefe de la Brigada de Información de Álava. Acusa a los dos de colaboración con banda armada y revelación de secretos, por lo que solicita que sean juzgados en el tribunal central de Madrid y no en los de Irún. La Sala de lo Penal tendrá, no obstante, la última palabra.

Según el relato del instructor, la delación a los presuntos recaudadores del impuesto revolucionario fue una idea que partió de Pamiés y no de su superior directo, el exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo, quien queda apartado del sumario. Ruz, como sostenía la Fiscalía, considera que no hay pruebas de que el máximo responsable policial por entonces estuviera al tanto del chivatazo u ordenara el soplo. Afirma además que tras las «nuevas diligencias practicadas» después de que hace un año la Sala de lo Penal anulara el procesamiento de los tres imputados «no se desprende indicio alguno concreto, específico y adicional respecto a los ya valorados por la sala». Insiste en que su investigación no ha arrojado pruebas nuevas para acusar a García Hidalgo con un «mínimo de objetividad, razonabilidad y suficiencia indiciaria».

Sí «aparecen motivos bastantes», en cambio, para sentar a Pamiés y Ballesteros por confabularse para intentar «frustrar» la operación policial que se iba a desarrollar en la frontera aquel 4 de mayo de 2006 contra los supuesto responsables del aparato de recaudación de ETA.

En su exposición de los hechos, Ruz, a diferencia de lo que hizo hace un año, obvia cualquier referencia al exdirector general de la Policía. Asegura que fue Pamiés, merced a su puesto como máximo responsable de la Policía en Euskadi y gracias a su amistad con miembros de los servicios de Información del cuerpo, quien tuvo conocimiento la noche anterior de la inminente redada. Una vez que supo de «todos los detalles del procedimiento operativo que se iba a utilizar» llamó a Ballesteros, que estaba en Vitoria, y le ordenó que se desplazara a Irún, con el fin de contactar con Joseba Elosua, el dueño del bar Faisán de Behobia, el establecimiento que presuntamente utilizaba ETA para recibir el dinero del impuesto revolucionario.

Puerta trasera

Tras intentar infructuosamente localizar a Elosua en su domicilio, a las 11.17 horas el inspector entró en el bar por la puerta trasera y pidió hablar con el dueño, al que le pasó su teléfono. Al otro lado de la línea, según Ruz, estaba el entonces jefe superior de Policía del País Vasco. «Tras recepcionar el teléfono móvil, Joseba Elosua recibe por parte de su interlocutor, Pamiés, diversa información relacionada con la investigación policial y judicial que estaba siendo llevada a cabo sobre los presuntos miembros de la red de extorsión de ETA y, en concreto, sobre el inminente operativo que debía conducir a la detención de José Antonio Cau», un presunto cabecilla de los recaudadores de la banda, que iba a entrar a España desde Francia para recoger un pago del impuesto revolucionario. Según el juez, Pamiés, durante la conversación, que duró ocho minutos y once segundos, llegó a «revelar» a Elosua «determinado detalles de la instrucción judicial que se encontraban bajo secreto sumarial», tales como recientes reuniones sobre la extorsión, datos sobre las personas investigadas y sometidas a vigilancia y que el propio Elosua tenía los teléfonos 'pinchados'.

Luego, relata el juez, el dueño del Faisán intentó contactar por teléfono con Cau, pero no lo logró y decidió pasar a Francia acompañado de su yerno Carmelo Luquin para alertar al etarra de que podía ser detenido si entraba en España. En ese viaje el propio Elosua contó al marido de su hija el chivatazo que acababa de recibir. Aquella conversación fue escuchada por los agentes que iban a llevar a cabo la operación gracias a la 'chicharra' que tenía el vehículo, y el despliegue que tuvo que se abortado.

El procesamiento de Pamiés y Ballesteros decretado ayer por Ruz no es definitivo. Con toda probabilidad, los dos acusados, como ya hicieron hace un año, recurrirán y será la Sala de lo Penal la que decida sobre si hay suficientes indicios para sentarles en el banquillo. También será la Audiencia Nacional la que decida si debe ser ese tribunal el que los enjuicie, porque también cabe la posibilidad que determine que solo pueden ser acusados de un delito de revelación de secretos, por lo que serían juzgados en Irún.