La acusada Ana S. G. es conducida a los juzgados de San José durante la instrucción del caso. :: LA VOZ
CÁDIZ

Un fallo técnico impide grabar la declaración de unos 15 testigos

El tribunal da por reproducidos estos testimonios después de obtener el compromiso de las partes de que no van a impugnarlos por ese motivo

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Jornada maratoniana la que se vivió ayer en una de las salas de vistas de la Audiencia Provincial. La segunda sesión del juicio de la 'operación Burbuja Inmobiliaria', que sienta en el banquillo a Luis Manuel G. R. y Ana S. G. como presuntos responsables de una estafa continuada en la venta de cinco inmuebles, se vio afectada por un fallo técnico. El sistema que graba en vídeo las sesiones del juicio no funcionó y, por tanto, no recogió las declaraciones vertidas por los testigos durante la mañana.

La incidencia se detectó sobre la una de la tarde cuando se realizó el primer receso. Los magistrados se dieron cuenta que el sistema de grabación había dejado de funcionar a los cinco minutos de iniciarse la sesión. A esa altura de la jornada por la sala ya habían desfilado unos quince testigos, la mayoría víctimas de la estafa. Finalmente, el tribunal acordó dar por reproducidas esas declaraciones tras obtener el compromiso de las partes de que no las impugnarían. En la sentencia se hará mención a ese incidente y se tendrán en consideración lo que declararon esos quince testigos durante la instrucción, que en esencia es lo mismo que hicieron ayer en la Audiencia, ya que todos se ratificaron en lo que ya habían manifestado con anterioridad.

No fue la única incidencia de la jornada, el letrado que defiende a Luis Manuel G. R. protestó porque durante el largo receso mientras se trataba de solucionar el fallo técnico varios testigos habían estado charlando en los pasillos antes de prestar declaración. También hizo lo propio cuando una de las afectadas, que aún no había sido interrogada, accedió por error a la sala antes de tiempo. Finalmente se quedó dentro a la espera de su turno.

La estafa consistió, según el relato de las acusaciones, en que los acusados ofrecieron las mismas viviendas a una serie de compradores que entregaron cantidades que oscilan entre los 2.000 y los 18.000 euros, en concepto de señal a la espera de formalizar el contrato. Sin embargo, ese dinero no fue destinado para tal fin sino que los vendedores obtuvieron un lucro personal.

Los acusados, que antaño fueron pareja, cruzaron acusaciones el pasado lunes, echando la culpa del dinero estafado al contrario. Así, Luis Manuel dijo de Ana que era «una profesional del engaño» mientras que ella sostuvo que su exnovio había traicionado su confianza. Según el relato de la acusada -propietaria de cuatro de los cinco inmuebles sobre los que se asentó la estafa- le había ofrecido que se encargara de la venta de las viviendas porque le urgía deshacerse de ellos y obtener liquidez. La razón que esgrimió en sala es que le habían detectado una enfermedad grave y necesitaba dinero ante un probable parón laboral. Los dos coincidieron en un detalle, en desconocer, según declararon ante el tribunal, que su expareja se quedaba con el dinero de la señal que entregaba cada cliente.

El juicio se reanuda hoy con la declaración de dos peritos propuestos por la defensa de Ana S. G., el testimonio de la madre de ella y las conclusiones finales. Salvo contratiempo de última hora, se prevé que el caso quede visto para sentencia. La Fiscalía solicita cinco años de prisión para cada uno de los acusados.