Freno y marcha atrás

Bajo cuerda, pero tenazmente, el PP ha mantenido como prioridad situar a magistrados de su confianza en los puestos claves del poder judicial. Lo hizo durante el Gobierno de Aznar, lo continuó en la oposición y lo prosigue ahora. Una estrategia diseñada con cuidado y ejecutada a menudo por el exministro Federico Trillo. ¿Cómo dejarla caer en saco roto? ¿A santo de qué desbaratar un puzle construido con tanta paciencia y dedicación?

Que nadie se llame a engaño. Las declaraciones del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, invocando la necesidad de cambiar el sistema de elección de la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para conseguir su «despolitización», son para la galería. Muy bien, que se modifique el funcionamiento de este organismo del Estado y que se recorten las prebendas de sus miembros, pero dar gato por liebre es algo que ya no funciona.

Con muchas y destacadas excepciones, la mayoría de los jueces son conservadores. Algo en lo que coinciden los estudios de opinión. Así, lo más probable es que los jueces acabarán eligiendo a colegas de su misma ideología. Estos, una vez investidos, tomarían decisiones de impacto en la judicatura y en el conjunto de la sociedad. Como ocurre con el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. Así se entiende que el Gobierno intente dejar en buena parte el asunto en manos del colectivo de jueces.

Sabemos que el poder judicial es la última trinchera de los sistemas democráticos. El reciente botón de muestra es la campaña de descrédito que ha comenzado contra Fernando Andreu, el magistrado de la Audiencia Nacional que ha imputado a responsables de Bankia. Como la mayoría del PP impidió que una comisión del Congreso de los Diputados analizara lo ocurrido, ahora interesa que el tema no prospere en el ámbito de la justicia.

Vivimos tiempos de desolación. A la cola del paro se suma la legión de los que no tienen cobertura alguna y de los que no podrán pagar sus recetas. La rebaja de los tipos de interés del BCE no tranquiliza a los mercados y nuestra deuda soberana rebasa límites insufribles.

Mientras, no llega un esfuerzo unánime y concertado del conjunto del Parlamento que ofrezca una respuesta enérgica y regeneradora; que eche el freno y ponga la marcha atrás. Pues sigamos así. Con políticas que recortan la democracia, profundizan la recesión o nos sonrojan, como la desvergonzada amnistía fiscal. Y alerta. Que no pase lo mismo con Eurovegas, si se decreta un territorial estado de excepción para que Sheldon Adelson asiente sus posaderas. ¡Nos acabará dejando en cueros!