Ecologistas denunciará la anulación de multas a las viviendas ilegales

Ecologistas en Acción ha advertido que denunciará al alcalde, Enrique Moresco, y al concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, en el caso de que se paralicen expedientes sancionadores por construcciones ilegales, o de que se inviertan las multas coercitivas en gastos de urbanización de los núcleos de viviendas ilegales. La organización también pedirá formalmente a Moresco y Muñoz que hagan público el montante de las sanciones y multas que ha cobrado el Ayuntamiento en estos últimos cinco años, y el destino que se le ha dado a estos fondos.

Juan Clavero, portavoz de EA acusó al PP de querer hacer «caja electoral» prometiendo «lo imposible» a las miles de personas que han construido sus viviendas de forma irregular. Esta ha sido la reacción del colectivo ante el inicio del proceso de regularización de más de 4.000 viviendas emprendido por el Ayuntamiento mediante una ordenanza que establece obligaciones individuales y colectivas para los propietarios, así como los precios que han de pagar en cada caso.

La organización ecologista sostiene que el Gobierno local plantea suspender las sanciones y las multas coercitivas a los que han construido de forma ilegal, lo que puede ser constitutivo de un delito de prevaricación. «Las sanciones no son una decisión potestativa, es un imperativo legal que se impone a aquellos que construyen ilegalmente. Si además se niegan a paralizar las obras o a demoler lo ilegalmente construido, se les imponen multas coercitivas».

Según Clavero, no hay en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) posibilidad de suspenderlas, incluso si están en proceso de legalización. «Y más grave es aún la propuesta de dedicar las multas coercitivas para los gastos de urbanización de las EMAs. La LOUA deja claro que las multas y sanciones tienen carácter finalista y debe incorporarse al Patrimonio Municipal de Suelo». Clavero añadió que destinar el importe de multas y sanciones a la urbanización de las EMAs también podría ser constitutivo de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. «Si el Ayuntamiento no ha gastado el dinero y dispone de estos fondos, no los podría gastar en urbanizar las EMAs sin incurrir en un flagrante delito. Y si lo ha gastado, las inversiones para urbanizar las EMAs tendrían que salir de las arcas municipales, o sea, del los impuestos de todos».