Las trampas que ahogan al Ayuntamiento

El techo de deuda del Ayuntamiento parece no tener límite. Con los ingresos de los impuestos comprometidos hasta 2031, el gobierno popular decidió aflojarse la soga atada al cuello y dar un controvertido paso: romper el convenio con la Diputación Provincial y unas tomas de razón que suman más de 540 millones de euros. El objetivo: tener libertad para poder hacer frente a los gastos más urgentes, como por ejemplo las nóminas de los trabajadores municipales y concesionarias.

Con cifras tan escalofriantes, hay que ser muy optimistas para vislumbrar una recuperación económica en el horizonte. Una de las tomas de razón con proveedores, generada en el último tramo de la legislatura del gobierno socialista (concretamente en enero de 2011) asciende a la friolera de 382 millones de euros. El principal acreedor es la concesionaria de la limpieza viaria y recogida de basuras, Urbaser, y la cuota de amortización trimestral para unas arcas municipales en la ruina es de nada menos que 1,5 millones de euros, una losa que se extiende hasta finales de 2031.

Otro dato que llama la atención es que con la entidad financiera Cajasol se llegaron a firmar tres operaciones de crédito, de casi 40 millones de euros, el día 31 de mayo de 2011. Es decir, cuando el gobierno de Pilar Sánchez había perdido ya las elecciones y era un ejecutivo de transición a la espera de entregar el bastón del mando a la popular María José García-Pelayo. Apenas dos días antes de los comicios locales, además, se firmaron sendas operaciones de crédito con Caja Inmaculada y proveedores por valor de 17 millones de euros.

Santander, La Caixa, Caja de Ahorros Mediterráneo, CAI Inmaculada, Banesto y BBVA son las entidades financieras con las que el Consistorio firmó tomas de razón desde mayo del año 2009, un año después de la puesta en marcha del convenio con la Diputación Provincial para la recaudación conjunta de tributos municipales. En cuanto a los proveedores, además de Urbaser, figuran otros muchos como Servicios y Obras Jerezanos, Multialquileres y otras empresas locales, además de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emuvijesa).

En total, 44 operaciones de crédito o tomas de razón que comprometen al Ayuntamiento durante veinte años, a contar a partir de ahora. El objetivo del gobierno popular al romper el acuerdo con la Diputación ha sido, precisamente, conseguir algo de oxígeno para afrontar los pagos urgentes. Ello no significa, como aclaró la alcaldesa el día del anuncio, que se vaya a dejar de atender las obligaciones con estos acreedores, pero sí permitirá decidir «cómo, cuándo, cuánto y a quién se paga».

Una medida controvertida que ha recibido un aluvión de críticas de todos los partidos políticos. De hecho, se ha acusado al gobierno local de romper dicho convenio de manera «unilateral» y sin contar para nada con el ente provincial. Es por ello que esta semana ha salido el diputado de Hacienda, Juan Antonio Liaño, en defensa del ejecutivo de García-Pelayo.

Liaño dejó claro que a la institución provincial «no le ha gustado» que el Consistorio haya rescindido el convenio para la gestión tributaria, aunque «comprende» la decisión a tenor de la «situación de ruina» que ha encontrado el actual gobierno municipal.

A juicio del diputado, «estas tomas de razón son una barbaridad política y económica». Al entender que ha existido una irresponsabilidad por parte de los anteriores gestores de las dos instituciones (Diputación y Ayuntamiento), se van a estudiar incluso posibles consecuencias jurídicas. De hecho, la institución provincial no descarta ejercer alguna acción judicial contra esos responsables políticos que firmaron el convenio, en especial contra la exregidora socialista.

Estas trampas no son ni mucho menos el único frente del Consistorio, que también tiene retenido el cien por cien de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado) y cuenta con una plantilla sobredimensionada a la que apenas puede pagar las nóminas.