Registran varias casas y oficinas de los Ruiz-Mateos en Madrid

Solo un día después de que el empresario jerezano expresara su desprecio hacia la Justicia a la salida de un juzgado mallorquín, con lindezas como «me paso por los huevos lo que digan los jueces», la Audiencia Nacional ordenó el registro de su vivienda, algunas de sus hijos y varias oficinas en busca de documentos que aclaren a dónde fue a parar el dinero de Nueva Rumasa. Los registros, solicitados por el juez Pablo Ruz, en los inmuebles de la familia Ruiz-Mateos empezaron por la mañana en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y se prolongaron hasta primeras horas de la noche.

Según fuentes jurídicas, estas actuaciones son fruto de una pieza separada secreta abierta en el marco de la causa por la que se investigan las emisiones de pagarés por parte de distintas empresas de Nueva Rumasa y la posterior quiebra de la corporación. En dicha causa hay personados unos 500 de los más de 4.000 inversores afectados por la presunta estafa.

Varios furgones policiales hicieron guardia todo el día ante el chalet de Ruiz-Mateos, mientras efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, ayudados por animales de la Unidad Canina, procedían a inspeccionar el domicilio. Teresa Rivero, esposa del empresario, abandonó su domicilio durante el registro. Según varios testigos, uno de los hijos del industrial estuvo presente mientras los investigadores procedían a poner patas arriba la vivienda de sus padres.

Otras fuentes conocedoras del caso detallaron que el objetivo del dispositivo policial era encontrar documentación u otras pistas sobre el paradero del dinero obtenido por la supuesta venta de Nueva Rumasa. Ruiz-Mateos anunció en septiembre que había tenido que «malvender» el conglomerado por 1.500 millones al industrial valenciano Ángel de Cabo -experto en liquidaciones- en beneficio de los compradores de pagarés y empleados. Una operación en la que sus acreedores vieron un artificio para eludir posibles embargos.

Querella

A última hora de la tarde de ayer, fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron la decisión del juez Ruz de admitir a trámite una querella por blanqueo de dinero e insolvencia punible contra Ángel de Cabo y dos subordinados suyos -Iván Losada y Fernando Lavernia-, Rocío Ruiz-Mateos (hija del empresario), Luis Ojeda (esposo de Rocío) y Alfonso Barón Rivero (sobrino). El magistrado les ha citado a declarar como querellados -que no imputados- los próximos 28 y 29 de febrero.

Según la documentación que obra en la causa, Ruiz-Mateos logró captar, gracias a agresivas y llamativas campañas publicitarias en prensa y televisión, unos 337 millones de euros de 4.110 inversores mediante al menos trece emisiones de pagarés que prometían rentabilidades muy superiores a lo que ofrecía el mercado en aquel momento. A día de hoy la familia del empresario todavía adeuda más de 289 millones, unas tres cuartas partes de los fondos obtenidos. El principal interés de la Justicia es aclarar a dónde fue a parar el dinero captado, pues existen sospechas de que pudo ser desviado a cuentas secretas o a paraísos fiscales.

Las nuevas imputaciones derivan de la admisión a trámite de la ampliación de querella presentada por el antiguo director de los servicios jurídicos de Nueva Rumasa , Joaquín Yvancos, presentada el pasado 11 de enero. Los actuales dueños de la multinacional compraron también el grupo Marsans a Gerado Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual en el momento de la quiebra.

El abogado acusaba a ambas partes acordar repartirse un 80% para la familia Ruiz-Mateos y un 20% para De Cabo, de lo resultante de las liquidaciones de las distintas sociedades inmersas en procesos concursales y en perjuicio de los acreedores.

En este sentido, denunció que el equipo de Back in Business, con la colaboración de los hijos de Ruiz-Mateos, estaba «diseñando y ejecutando operaciones jurídicas destinadas a la ocultación, enajenacion, gravamen o sustracción fraudulenta de los activos de Nueva Rumasa en contra de los intereses de los acreedores».

Por su parte, Rocío Ruiz-Mateos y a su marido, ambos residentes en Ginebra, tendrán que responder por la presunta substracción de varias obras de arte por valor de más de 750.000 euros de la casa familiar situada en la urbanización madrileña de Somosaguas.