La Policía acaba en una hora con siete meses de okupación de Valcárcel

A las 9.30 horas de esta mañana estaba citada la comisión judicial, enviada por el juzgado de Instrucción nº 1 de Cádiz, en la puerta de Valcárcel. La Policía Nacional iba a proceder a desalojar el antiguo hospicio por orden del juez tras haberlo solicitado la propietaria última del inmueble, la promotora Zaragoza Urbana, y la Fiscalía de Cádiz. El Ministerio Público elevó su escrito el pasado 14 de noviembre.

Los okupas habían recibido hace un mes aproximadamente el requerimiento para que abandonaran el inmueble, tal y como adelantó este medio en diciembre. Fuentes cercanas al caso explicaron que antes de las vacaciones de Navidad se puso fecha al desalojo policial ante la actitud de los activistas que se negaban a abandonar las instalaciones y seguían programando actividades en el interior. Y ese día llegó ayer.

35 agentes de la UIP (antidisturbios), venidos desde Sevilla, y 18 miembros de la UPR (conocidos zodiacos) de la comisaría provincial, comenzaron a llegar en torno a las nueve de la mañana al edificio de La Viña. En ese momento no había nadie en el interior. Sin embargo, fuentes policiales confirmaron a este medio que en los últimos días al menos pernoctaba por las noches un miembro de Valcárcel Recuperado, ejerciendo labores de vigilancia. Los mismos okupas sabían que el desalojo se aproximaba, como muestran las últimas movilizaciones en las que reclamaban que no se cerrara la que denominan Casa del Pueblo.

Faltaban algo más de diez minutos para las diez de la mañana cuando los agentes tenían que hacer uso de la maza para acceder al edificio. Previamente, un representante de Zaragoza Urbana y un policía habían tratado de abrir la puerta con las llaves que cerraban la puerta principal antes de que el viejo hospicio fuera tomado el pasado mes de junio, pero la cerradura no era la misma.

En esos momentos las inmediaciones del edificio comenzaban a asomarse los primeros activistas y curiosos. El movimiento Valcárcel Recuperado recurría a las redes sociales para que los ciudadanos se fueran sumando a una protesta frente al antiguo hospicio, pero solo consiguieron movilizar ayer al mismo colectivo que ha estado presente en las últimas acciones: un grupo de poco más de medio centenar de personas. Eso sí, por internet se sucedían los mensajes de apoyo y solidaridad desde distintas provincias.

El desalojo fue limpio, sin cargas policiales, pese a que varios simpatizantes del movimiento no pararon de increpar, insultar y amenazar a periodistas y policías. La actitud fue especialmente agresiva contra los profesionales de este medio que recibieron calificativos como: «puta, guarra, manipuladores, mentirosos...» y amenazas de represalias cuando se marchara la Policía: «No vas a poder regresar a esta ciudad, te vas a enterar».

Al mediodía, los funcionarios policiales desplazados desde Sevilla, se retiraban y tomaban el control de la situación los agentes de la Comisaría Provincial.

Próxima parada, ¿El Olivillo?

Mientras se producía el relevo, un grupo de albañiles afianzaba los cierres de las ventanas del inmueble y tapiaban algunos de los accesos de la planta baja. En la acera de enfrente, los okupas desplegaron una pancarta en la que se podía leer: «Si no nos dejan soñar, no os dejaremos dormir». Y pese a que estos activistas han negado siempre su condición de okupa, ayer lanzaron proclamas a favor de nuevas acciones de ese tipo: «Ante un desalojo, otra ocupación». En las redes se pudieron leer mensajes a favor de reproducir la toma de Valcárcel a otros edificios abandonados de la ciudad como El Olivillo.

Al mediodía llegaba el comunicado oficial del movimiento en donde se culpaba a la Policía de haber realizado un desalojo «sin ningún tipo de explicación, notificación ni identificación y dañando seriamente el portón de un edificio catalogado como Bien de Interés Cultural». Negaban una vez más haber recibido orden alguna; si bien en el panfleto que repartieron por la mañana a los medios arrancaba el texto con un «ante la notificación de desalojo por parte del juzgado nº 1...». También se repetía el mismo llamamiento para que la ciudadanía acudiera a una asamblea en Valcárcel a las cinco de la tarde y una concentración de protesta a las ocho, que finalmente no se celebró ante la escasa respuesta.

Antes de la asamblea, que congregó a menos del centenar de personas -la mayoría había estado desde por la mañana junto al balneario-, la Policía abandonaba el edificio y un vigilante de seguridad se quedaba dentro, contratado por el propietario.

La ejecución del desalojo es el final de un proceso que nació en julio, con la denuncia de Zaragoza Urbana por usurpación de bienes inmuebles. El motivo que alegaba y sigue planteando meses después es el riesgo de derrumbe. En caso de producirse algún accidente, la responsable sería la misma promotora. Los okupas han negado siempre que en el edificio exista tal riesgo y esgrimen sus propios informes sobre el grado de conservación del inmueble.

Posteriormente, la Fiscalía de Cádiz solicitó el desalojo después de que Zaragoza Urbana lo requiriera igualmente. Corría el mes de noviembre y los okupas ya habían transformado las instalaciones en un punto de encuentro de la ciudadanía donde se organizaban talleres, conferencias y conciertos en respuesta a años de abandono de un inmueble que estaba llamado a ser el primer hotel de cinco estrellas y cuyo proyecto se quedó en el camino. La promotora ya anunció su intención de devolver el edificio a la Diputación.