ANDALUCÍA

Los sindicatos valoran el gasto social y los empresarios reclaman más inversiones

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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UGT, CC OO y la Confederación de Empresarios de Andalucía enfrentaron ayer en el Parlamento sus diferentes puntos de vistas sobre el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2012 (32.022 millones, un 1,1% más que en 2011). Mientras los sindicatos valoran la apuesta social, los empresarios reclaman más inversiones y menos gasto corriente.

Dionisio Romero, secretario de relaciones institucionales de UGT- Andalucía, elogió la apuesta social de la Junta en los presupuesto frente a los «tsunamis en otras comunidades en recortes en derechos sociales».

Reclamó la puesta en marcha de una banca pública en Andalucía a través del Instituto andaluz de finanzas y la necesidad de reforzar la progresividad fiscal e imponer un impuesto a las grandes fortunas y a las entidades de crédito.

El adjunto a la Secretaría General de CC OO de Andalucía , Rafael Aljama, afirmó que el presupuesto es «insuficiente para reactivar la economía y crear empleo, pero los condicionantes son tan poderosos que es muy difícil hacer otro mejor». Valoró de las cuentas que pongan el énfasis en garantizar los servicios sociales para salvaguardar a la población más vulnerable de los efectos negativos de la crisis, así como el uso de la capacidad normativa de la Junta para aumentar algunos impuestos.

Tras los sindicatos intervino Manuel Ángel Martín, representante de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), quien insistió en que es un presupuesto de «circunstancias especiales» porque no están claro los ingresos del Estado, ni el cuadro macroeconómico y, además, hay una elecciones próximas y las autonómicas en 2012. Por tanto, afirmó que son unas cuentas públicas «más inestables que otros años en los que situación económica y política era más estable».

Martín lamentó el recorte en inversiones en casi un diez por ciento y en los programas de impulso al tejido productivo. También echan en falta los empresarios inversiones destinadas al mantenimiento de la riqueza forestal.