Ruptura en Rodiezmo

Si el año pasado la ausencia de Rodríguez Zapatero de Rodiezmo representó el distanciamiento entre el Gobierno y el partido socialistas, de un lado, y la UGT, de otro, en esta ocasión la fiesta de la minería asturleonesa ha representado la ruptura entre dichas organizaciones. Ausentes, además de Zapatero, el vicesecretario general socialista, Blanco, y el candidato Rubalcaba, el miembro más caracterizado del PSOE presente en el acto fue Alfonso Guerra, representante de una época y de una sensibilidad sobrepasadas por la realidad. No puede sorprender a nadie esta situación, dado que la recesión ha forzado la adopción de despiadadas pero inexorables políticas de ajuste tendentes a reducir un déficit público desbocado que ha llegado a poner en duda la solvencia de este país. Los sindicatos no pueden estar satisfechos ante una realidad tan cruda: el secretario general de FIA-UGT, Antonio Deusa, denunció en su intervención en el acto que las medidas tomadas hasta el momento están recortando seriamente los derechos de los trabajadores en un país en el que el 26% de los contratos que se realizan son eventuales, mientras que el sistema de protección de desempleo solo ampara al 70% de los parados, con lo que 1,4 millones de familias no tienen ingresos de ninguna clase. La receta propuesta por este líder sindical es controvertible: «Retomar la senda ideológica de la izquierda», algo que «hace tiempo que había que hacer» para garantizar los derechos sociales de los trabajadores, «gravemente perjudicados» por la situación de crisis económica. El enfrentamiento entre la socialdemocracia y su histórico sindicato obrero no viene de ahora: comenzó en 1987, cuando el entonces secretario general, Nicolás Redondo, renunció a su escaño en el Congreso. Los sindicatos se percataban de su necesidad de adquirir autonomía frente a los partidos -dejando de ser 'correas de transmisión'-, de profesionalizarse y de pasar a ser en gran medida organizaciones de servicios. Su despolitización no fue completa, y ahora pagan su desorientación: su influencia se ha reducido y no están cómodos ni en la política ni fuera de ella.

El castellano, lengua vehicular

La ley catalana de normalización lingüística de 1983 estableció la llamada 'inmersión lingüística', con el catalán como lengua vehicular, evitando la segregación de alumnos por motivos de lengua. El sistema fue convalidado por el Constitucional en 1994, «siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente». La sentencia 31/2010 del TC sobre el Estatuto mantiene lógicamente la misma tesis pero aclara que el castellano es también lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán. Así las cosas, el TS de Cataluña ha dado al Gobierno catalán dos meses de plazo para que incorpore el castellano como lengua vehicular al sistema educativo, en una proporción que la propia Generalitat debe valorar, y que, lógicamente, dependerá de la demanda existente. La actitud de la Justicia es razonable: la inmersión lingüística no está en cuestión pero habrá que respetar y atender el derecho de quienes deseen que la lengua vehicular de la enseñanza para sus hijos sea el castellano. Reconocer un derecho no puede ser nunca destructivo, por lo que el Ejecutivo catalán, que prepara nuevos recursos sobre este asunto, debería acatar sin más demora un mandato que rezuma espíritu democrático y pluralismo integrador.