Desahucian a dos familias por vivir en pisos de alquiler de forma irregular

No es el primer caso, ni seguramente será el último. En la mañana de ayer, dos jóvenes y humildes familias chiclaneras tuvieron que abandonar por orden judicial la casa en la que habitaban desde hace años en El Arenal.

Estos inquilinos, entre los que estaban Ana Soto y Antonia Fernández con sus tres hijos, vivieron las horas más angustiosas de su vida. Tras recibir a finales de la pasada semana una notificación judicial de desahucio, ayer varios agentes de la Policía Autonómica se desplazaron hasta la barriada El Arenal para cumplir con el auto del juez.

La Consejería de Obras Públicas de la Junta les abrió expediente hace unos meses por ocupar de manera irregular sendos pisos, el 2º-E del bloque 2 y el 2º-C del bloque 3 respectivamente, adjudicados hace más de dos décadas a otros propietarios en régimen de alquiler.

Estos jóvenes expresaban a los medios congregados en la zona y a los vecinos sus sentimientos. «Esto es una injusticia, nosotros de aquí no nos marchamos», gritaban.

Sin embargo, apenas media hora después, llegaba el acuerdo. Las familias decidían abandonar de manera voluntaria los inmuebles, que la administración volverá a destinar a familias con pocos recursos. Con la mediación del Ayuntamiento de Chiclana, se decidió dar cobijo a los siete afectados (incluidos tres menores de edad), en un hostal de Chiclana.

Esta situación transitoria durará quince días, tiempo que los técnicos de Servicios Sociales y Vivienda utilizarán para buscar un piso donde realojar a ambas familias. La situación es dramática, pero como aseguraban los técnicos ayer, «nosotros solo cumplimos con la ley».

El problema es que nadie persigue a quienes utilizaron los pisos protegidos tutelados por la Junta para hacer negocio. Una de las chicas desahuciadas reconocía ayer haber «pagado algo» a un familiar suyo, que a su vez había recibido la vivienda transmitida de forma irregular previamente.

«Nosotros hemos pagado unos 15 euros mensuales todo este tiempo, yo me crié aquí y mis hijos han nacido aquí», aseguraba con lágrimas en los ojos Antonia Fernández, de tan solo 25 años de edad.

Tras recoger sus cosas, ambas familias acataron la orden judicial y abandonaron los que han sido sus hogares en estos últimos años. La solución provisional acordada les sabe a poco, pero al menos evita que se queden en la calle.

En la zona donde se produjeron ayer estos dos desahucios, la barriada El Arenal de Chiclana, hay en régimen de alquiler 90 viviendas. Esta promoción depende de la Junta de Andalucía, y está destinada a familias con pocos recursos.

En principio el portavoz de los vecinos, Ramón Heredia, calcula que podría haber varios casos similares más. Heredia recuerda que muchas de estas familias, incluidas las dos afectadas ayer, «habían intentado regularizar su situación en estos pisos» sin conseguirlo.