Hacienda aprovecha la campaña de la renta para poner cerco al fraude en los alquileres

Mañana comienza una nueva campaña de la declaración de la renta (IRPF) y, en esta ocasión, la Agencia Tributaria ha puesto especial empeño en frenar y detectar el fraude inmobiliario. La economía sumergida que se mueve alrededor de los pisos alquilados supone una pérdida millonaria para las arcas del Estado.

La provincia de Cádiz no es ajena a esta situación. La Costa de la Luz, junto con Huelva y Málaga, entre otras, es uno de los puntos calientes de España que alberga más alquileres ocultos. De hecho, tres de cada cuatro arrendamientos se hacen de palabra o con un contrato privado entre las partes sin pasar por el filtro de Hacienda. Casi 70 millones de euros se mueven cada año en la provincia al margen de la Agencia Tributaria, según los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha. Tal fortuna es la que manejan los propietarios de los pisos que los alquilan sin contrato y, por tanto, sin declararlas al Fisco, según calculan en un informe los propios técnicos de la Agencia Tributaria. En España existen algo más de un millón de alquileres no declarados, de los que 220.000 se localizan en Andalucía. La reforma de 2007, que obligaba a las empresas de servicios (luz, agua y gas) a facilitar datos sobre los inmuebles, permitió que afloraran 90.000 alquileres sumergidos.

Evasión de impuestos

Este periódico ha podido saber que en la campaña de IRPF de 2010 que arranca mañana hay órdenes para que las revisiones de los expedientes se centren, sobre todo, en el apartado de vivienda. Así, se busca que la referencia catastral declarada sea la vivienda habitual y en caso de que exista más de una propiedad, la Inspección cruce datos y pida documentación sobre el estado del resto de inmuebles. Igualmente se revisarán con lupa las deducciones por alquiler, de esta forma Hacienda podrá comprobar si el contrato de arrendamiento en cuestión está regulado.

Las cifras sitúan a la provincia de Cádiz como la tercera de toda Andalucía en número de alquileres sumergidos, después de Sevilla y Málaga. Y es que, en el mercado de alquiler gaditano, un total de 38.838 viviendas están alquiladas sólo con la palabra de sus arrendadores y un contrato particular que no se declara ante Hacienda.

El cálculo de esta cifra se ha realizado al contrastar la estadística sobre el alquiler que maneja el Ministerio de Vivienda con el número de declaraciones de renta por arrendamiento que se presentan anualmente ante las delegaciones provinciales de Hacienda.

El Ministerio también pondrá especial celo en los préstamos hipotecarios. De esta forma tratará de comprobar que el dinero se ha destinado a la compra de vivienda y no a inversiones distintas a las inmobiliarias.

La evasión de impuestos es la principal razón por la que muchos arrendadores deciden no legalizar un negocio que en la provincia genera aproximadamente más de 70 millones de euros que se pagan cada año en dinero negro, permaneciendo invisible para Hacienda, y que se convierte en uno de los principales pilares de la economía sumergida.

Sin embargo, esta estrategia se debe a que muchos propietarios ignoran que existen ventajas fiscales desde el pasado año para aquellas personas que alquilan una vivienda, por ejemplo, a jóvenes menores de 35 años, de acuerdo a las medidas de ayuda al alquiler impulsadas desde el Gobierno central. De este modo, los propietarios de casas que alquilan a ese colectivo, se deducen el 100% de impuestos sobre la renta de arrendamiento. «Y para quienes no cumplan esos requisitos, también cuentan con deducciones del 50%», recuerdan desde Gestha.

Pese a todo, el fraude fiscal en alquileres es un apunte más en la gran bola de la economía sumergida que rueda en Cádiz. Un reciente estudio elaborado por los técnicos de Hacienda integrados en Gestha revela que en el último decenio, la economía sumergida ha aumentado un 29% en la provincia. Los cálculos destacan que 5.300 millones de euros escapan cada año al fisco en Cádiz, lo que quiere decir que cada contribuyente gaditano oculta una media de 4.350 euros. En términos absolutos se trata de un 24,3% del PIB. Según los técnicos, si esta economía clandestina aflorara, la recaudación aumentaría en 862 millones de euros. En este computo entra el fraude en alquileres y, por ejemplo, los 1.801 millones de euros anuales que se ocultan en el apartado laboral.