SAN FERNANDO

¿Qué pasa con los 30.000 euros de la auditoría externa?

Van a cumplirse tres años del robo de la caja municipal y no se sabe nada de la medida aprobada en pleno

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A las pocas semanas de conocerse el robo de 7,8 millones de euros de la caja municipal, los partidos políticos acordaron en pleno la ejecución de una auditoría externa realizada por una empresa independiente para conocer el verdadero estado de las cuentas del Ayuntamiento y de sus diferentes órganos y delegaciones.

Casi tres años y esta propuesta ha caído en el olvido y eso que se anunció la liberación de unos 30.000 euros para la contratación del informe. ¿Qué ha pasado con el dinero? Aún se desconoce el punto en el que se encuentra su tramitación y si será posible que se conozcan sus datos en los próximos meses.

Como excusa para no acometerse de inmediato se puso la investigación de la Cámara de Cuentas y la posibilidad de entorpecer el trabajo de los funcionarios de este órgano de control económico. Pero hace ya meses que se marcharon de la ciudad y, sin embargo, su partida no sirvió para reactivar este proceso, que contaba con presupuesto para su puesta en marcha. Han sido varias las ocasiones en las que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han mostrado su interés por conocer el punto en el que se encuentra la tramitación de la contratación si bien, hasta el momento los andalucistas no han precisado ninguna fecha de forma concreta aludiendo a que se estaban dando los pasos oportunos para que la propuesta pudiera realizarse.

Dificultades

Los meses pasan y esta medida parece que ha caído en el olvido por todos ya que hace tiempo que nadie la reclama ni pregunta por las dificultades que impiden que se lleve a cabo. Unos problemas que no encontró el bufete que el Consistorio contrató para la elaboración de un informe que contrarrestó las conclusiones realizadas por la Cámara de Cuentas tras su investigación en el Ayuntamiento. En este caso el coste fue de 60.000 euros, el doble de lo liberado para la auditoría externa, y el alcalde, Manuel María de Bernardo, y la delegada de Hacienda, Mercedes Espejo, ya presentaron hace casi un año las consideraciones que ponían en duda lo expuesto por el órgano fiscalizador andaluz.

Ahora es el Tribunal de Cuentas el que ha comenzado la investigación para determinar si hubo o no responsabilidad municipal en lo ocurrido en la Delegación de Hacienda, aunque sigue sin aclararse las cuentas del Ayuntamiento.