El Gobierno garantiza a las autonomías que no recortará sus competencias

No habrá una nueva LOAPA. Es lo único que hasta ahora ha aclarado el Gobierno en relación a su futuro plan para «homogeneizar» normativas autonómicas, eliminar duplicidades y ahondar en la cooperación interterritorial. Desde las declaraciones de Zapatero y Aznar la semana pasada, ni PSOE ni PP han sido capaces de frenar todo el ruido que se ha generado en torno a su deseo de revisar el modelo de Estado, al punto de que la inquietud de los ejecutivos autonómicos -especialmente, el catalán- empezaba a desbordarse.

Apenas un mes después de haber llegado a la Generalitat -y de que el PSC facilitara su investidura, para solaz del Gobierno- Artur Mas mantiene ya un tenso contencioso con José Luis Rodríguez Zapatero a cuenta de las dificultades financieras de Cataluña. El rifirrafe coloca al Ejecutivo en una dura encrucijada y compromete sus expectativas de contar sin mucho esfuerzo con el apoyo de CiU a las reformas económicas que en los próximos meses deben votarse en el Congreso.

La tesis de que el jefe del Ejecutivo tiene en mente algo muy similar a la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) de 1982 se ha ido extendiendo poco a poco para terminar de contaminar el debate político. 'Loapa' y «armonización» son términos que en determinados territorios se relacionan con un cierto afán involucionista. Aquella norma, acordada por UCD y PSOE para ordenar un proceso descentralizador que parecía írseles de las manos, fue tumbada por el Tribunal Constitucional. Toda una victoria para los nacionalistas vascos y catalanes, que la habían recurrido por considerar que invadía las competencias autonómicas.

El 'pecado' de la LOAPA radicaba en su intención de reconducir de manera genérica el desarrollo del modelo, pero otra cosa es la homogeneización de legislaciones específicas. La Constitución contempla en su artículo 150.3 la posibilidad de que el Estado dicte leyes para «armonizar las disposiciones normativas» de las comunidades, incluso si ello afecta a materias bajo su competencia. El único requisito es que así lo exija «el interés general», es decir, que lo juzgue oportuno la mayoría absoluta del Congreso y el Senado. Y eso es lo que pone en estado de alarma a determinados actores políticos.

Coincidencias

El PSOE y el PP mantienen posturas coincidentes en muchas cuestiones, entre ellas, las que afectan a la unidad de mercado. Pero el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, evitó aclarar si eso conducirá a algún tipo de pacto. «Conviene esperar a saber de qué propuestas estamos hablando», replicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Si de lo que se trata es de retroceder, en eso no estamos», dijo. «¿Mejorar el funcionamiento del Estado autonómico? -añadió- Faltaría más, nadie se puede oponer».

Así dicho, parecería que el acuerdo de los dos partidos mayoritarios es posible. Sin embargo, el número dos del Gobierno puso en duda las intenciones del principal partido de la oposición y dio por hecho que cuando José María Aznar dijo, el pasado viernes, que el actual modelo es «inviable» política y económicamente estaba hablando en realidad de devolver competencias autonómicas al Estado; algo que el expresidente no llegó a plantear.

Rubalcaba alimentó así esa ceremonia de la confusión que también salpica a sus filas y, desestimando las palabras de Rajoy -que ya dejó claro que su única intención es eliminar trabas al mercado interior, fijar un techo de gasto para las comunidades autónomas y (algo ciertamente más ambiguo) diseñar una legislación básica que garantice la igualdad de derechos y deberes- insistió en que hay razones para creer que el PP está en el recorte de competencias. «Hay quien tiene predisposición natural a hacerlo, no nos engañemos, porque nunca quiso avanzar dentro del estado autonómico sino que le ha venido bastante impuesto», arguyó.

Este fin de semana ambos partidos arrojarán algo más de luz al asunto. Aunque no está en el orden del día del encuentro que el PSOE celebra hoy en Ferraz con sus 'barones', estos se han cruzado ya borradores para articular una propuesta común, según fuentes de la dirección socialista.

De momento, aseguran, no se trata de reformas legislativas sino de «recomendaciones políticas» de cooperación que contribuyan a reducir gastos en materia sanitaria (que un ciudadano pueda tener su hospital de referencia en una comunidad vecina si está más cerca); de I+D+I (sinergias investigadoras); o que permitan limitar el coste de las televisiones (mediante la externalización de la producción).

En lo que no habría acuerdo, según las citadas fuentes, sería en la propuesta del presidente castellano-manchego, José María Barreda, de cerrar las oficinas de representación autonómica en Bruselas.