Sobre la supresión del libro de familia

A diferencia de la política económica desarrollada por el actual Gobierno, cuyos constantes cambios y rectificaciones le han dado un carácter totalmente errático, y en la que, tras negar la crisis, se han ido adoptando medidas, como el famoso Plan E, o los cuatrocientos euros deducibles en el IRPF., que no solo no han solucionado la crisis sino que la han agudizado dando lugar a un enorme déficit económico y al incremento creciente del paro; en el plano social este mismo Gobierno lo tenía muy claro, y profundizando cada vez más en su radicalismo ideológico, ha ido dando pasos sucesivos para que conceptos claves como familia, matrimonio. vayan perdiendo peso y desapareciendo paulatinamente de nuestro panorama social por la vía de su desnaturalización.

En efecto, no ha bastado con la reforma del Código Civil permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, (que en el Registro Civil llevó al ridículo de la constatación de las relaciones de parentesco, mediante las expresiones «cónyuge A-cónyuge B», y «progenitor A-progenitor B»), ni con la aprobación del denominado «divorcio express», (permitiendo la ruptura matrimonial a instancias de un solo cónyuge transcurridos tres meses desde su celebración, rehabilitando una práctica tan antigua y censurada como el repudio); tampoco introduciendo la asignatura de la Educación para la ciudadanía, (que pretende implantar en nuestro país la denominada ideología de género, imponiéndola a nuestros jóvenes, y acabando con los tradicionales roles familiares); o, recientemente, aprobando la nueva ley de aborto, no demandada socialmente ni incluida en su programa electoral, y que, además de consagrar un inexistente derecho al aborto, como declaró en su día el Tribunal Constitucional, permite a las menores de 16 años abortar sin conocimiento y consentimiento de sus padres. No, no ha bastado con todo ello, sino que como corolario, como guinda del pastel de las reformas sociales impulsadas durante las legislaturas del Gobierno Zapatero, se pretende, y ya se ha presentado en el Congreso el correspondiente Proyecto de Ley de Reforma del Registro Civil, desterrar el término «familia» del campo del Derecho, suprimiendo el Libro de Familia, sustituido por un Código Personal de Ciudadanía, integrado por una secuencia de números y letras, y que acompañará a la persona a lo largo de su vida.

Se ha argumentado en defensa de esta Ley que pretende dar cabida en el Registro Civil a las nuevas realidades parentales existentes en España, al tiempo que modernizar, agilizar y hacer más accesible esta institución, suprimiendo trámites engorrosos. Objetivos ciertamente laudables, pero que, en modo alguno, exigen la expulsión de la familia del ámbito del Registro Civil, porque se pueden conseguir perfectamente sobre la base y estructura que la misma supone, como tradicionalmente ha ocurrido en nuestro Derecho. Si la reforma sale adelante, como hay que temer, el individuo perderá, en sus relaciones con el Estado, el paraguas protector de la familia, y en su hoja personal se anotarán exclusivamente hechos aislados, desprovistos de toda connotación y vínculo familiar. Ya no habrá que buscar, como sucedía antes, ese libro azul celosamente guardado en todas las casas, y al que se le atribuía un carácter cuasi-sagrado, porque recogía los más importantes acontecimientos de la familia, y consecuentemente, de los distintos miembros que la integran, y que, a través del sucesivo engarce de sus respectivos Libros de Familia, permitían reconstruir nuestra historia colectiva, vinculando nuestras raíces personales con nuestros ancestros, para desde los mismos proyectarnos hacia el futuro, sabiendo quiénes somos y de dónde venimos.

Pareciera, en efecto, que en este tramo final de legislatura, el actual Gobierno quisiera, a modo de símbolo de su actuación y como si se dijera «misión cumplida», completar su trayectoria de los últimos años, y llevando a término su ideología antifamilia, expulsar a ésta del campo del Derecho, suprimiendo el libro que la identificaba como tal frente al Estado, y le permitía actuar con ese carácter en la sociedad. Lo que se pretende, evidentemente, es apartar al individuo de sus raíces, desvincularlo de ellas, suprimiendo esas referencias familiares que le permitían ser persona dentro de ese grupo protector, la familia, para convertirlo en ese término tan de moda hoy: «ciudadano», que le relaciona directa y exclusivamente con el Estado, al cual le será muy fácil manipular y dirigir a ese hombre desvinculado, ajeno a toda herencia y tradición, aislado y solo frente a la maquinaria estatal, y, así, perfectamente dúctil y maleable.

Por ello esta supresión, con toda su carga simbólica e ideológica, es absolutamente rechazable. La reforma del Registro civil que se pretende es perfectamente conseguible dentro del ámbito familiar al que el individuo pertenece. No somos seres solos, individuos aislados, pertenecemos a un grupo familiar plenamente válido y eficaz en nuestros días, y en el que somos plenamente considerados como personas, porque como señalaba Juan Pablo II «la familia es el único lugar donde el ser humano es querido por sí mismo», por encima de toda consideración utilitarista, de sus circunstancias físicas y personales, y de su situación concreta, y que, consecuentemente, debe ser plenamente reconocida en su auténtica dimensión de protección y amparo del ser humano, en todos los ámbitos, y, cómo no, en el Registro Civil.