La jueza imputa a Juan Carlos Jiménez y África Becerra

El conocido como caso de los asesores municipales se complica por momentos. La denuncia de Pedro Pacheco contra la alcaldesa, Pilar Sánchez, por la supuesta contratación irregular de más de una treintena de personas en el Ayuntamiento de Jerez ha escrito un nuevo capítulo que amenaza con convertirse en uno de los más importantes de una trama que está alcanzando unas dimensiones más que considerables. O al menos con unas consecuencias determinantes para la resolución final.

La jueza María Aranzazu, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha decidido imputar a otras dos personas en la causa, tal como ya avanzó ayer por la tarde en primicia este medio a través de su 'web' (www.lavozdigital.es). Se trata de la actual delegada de Medio Ambiente, África Becerra, y del marido de la primera edil jerezana y ex jefe del Gabinete de Alcaldía, Juan Carlos Jiménez. La razón principal, que en su día pudiesen ser contratados irregularmente por el Consistorio y ser cómplices, por tanto, de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. Cabe puntualizar al respecto que en el caso de la edil, la imputación se refiere a la legislatura anterior, cuando era trabajadora municipal.

Aranzazu dictó la providencia correspondiente el pasado miércoles, aunque hasta ayer no comenzaron a llegar las notificaciones a las partes implicadas en la causa. En las mismas se les cita el 1 de diciembre próximo «a fin de recibirles declaración como imputados». Es el mismo día en el que también deberán comparecer Rubén Carvajal y Dolores Caravaca, empleados municipales cuya imputación se formalizó el pasado viernes tras declarar en el juzgado. Reseñar que, inicialmente, estaba previsto que todos acudiesen al requerimiento judicial el 10 de diciembre, pero la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jerez ha decidido finalmente que sea nueve días antes, algo que ha sorprendido a muchos.

Testigos

En un primer momento, todos ellos, incluidos Juan Carlos Jiménez y África Becerra, iban a declarar como testigos, pero el testimonio, la semana pasada, de una ex jefa del Serjil (Servicio Jerezano de Inserción Laboral) ha hecho que la jueza haya rectificado. Considera que de esta manera podrán acudir con la asistencia de un letrado. Y, además, que se acelerará considerablemente un proceso que se presume largo y farragoso, ya que, en caso contrario, lo más probable es que hubiesen declarado primero como testigos y luego hubiesen tenido que hacerlo una segunda vez como imputados.

Todo se precipita tras las declaraciones, el pasado viernes, de dos trabajadores municipales y de la ex responsable del Serjil, a petición de la acusación de Pacheco contra la alcaldesa. Fueron unas comparecencias que arrojaron más luz sobre el caso de los asesores. La acusación, representada por el abogado Felipe Meléndez, ya se mostraba entonces satisfecha por el hecho de que dos de estas personas, Rubén Pérez y Dolores Caravaca, vayan a declarar finalmente como imputadas y no como testigos, que es lo que él viene reclamando desde el principio del proceso.

El Serjil

La primera de las comparecencias, como testigo, correspondió a Carmen Gutiérrez Amares, ex jefa del Departamento de Promoción de Empleo, donde está incluido el Serjil. Ésta fue destituida de su cargo en el verano de 2007, y precisamente ahí radica una de las claves de la declaración. Respecto a su destitución, manifestó «no saber» si se debió o no a «desavenencias» con sus superiores jerárquicos respecto al funcionamiento del Serjil: «Simplemente se le comunicó la fecha de su cese y no se le dio ningún tipo de razón», reza textualmente el citado escrito. Eso sí, «sus superiores eran directores de área y sí es cierto que en ocasiones tuvo desavenencias por temas de procedimiento de selección».

Un ejemplo es que «se le exigía que no existiera publicidad o que los plazos no coincidieran», métodos que la declarante «supone que se utilizaban para poder contratar a alguien en concreto que interesaba a su superior». Volviendo a las citadas desavenencias, fue todavía más clara: «Provenían porque se pretendía saltar ciertos procedimientos para la contratación de alguien en concreto», en lo que la declarante «no estaba de acuerdo». Y reconoce que por ese mismo motivo se negó a firmar algunos informes. Las desavenencias, precisó, no fueron con la alcaldesa, sino con jefes de área, sus superiores en Recursos Humanos.

Habló sobre los casos de Rubén Pérez y Dolores Caravaca. Sobre el primero, indicó que el número de demandante en el Serjil era el más reciente para el puesto al que accedió, aunque «el requisito» para elegir a alguien «no era la antigüedad sino que cumpliera los requisitos».

En el caso de Caravaca, acreditando el graduado escolar, se alzó con el puesto ofertado (agente de dinamización social), pese a que los otros demandantes preseleccionados eran licenciados en Sociología, diplomados en Trabajo Social, etc.

El siguiente en declarar fue Rubén Pérez. Aunque al principio la mayoría de las partes (excepto la acusación) se opusieron al cambio de condición de testigo a imputado, al final se suspendió la declaración para que así fuera. Dijo que entró como trabajador del Ayuntamiento en junio de 2005, en un puesto de delineante. Aseguró que se inscribió en el Serjil el 2 de marzo, pero «no porque supiera que el 3 iba a salir la oferta de esa plaza». De hecho, ignora si «se debió a la casualidad». Uno de los requisitos por los que fue elegido son sus conocimientos de Photoshop y Corel Draw, pero no tiene titulación ni documentación que lo acredite.

El último turno fue el de Caravaca, quien refirió estar vinculada laboralmente con el Ayuntamiento desde 2005, para llevar asuntos vecinales. Antes de eso, estuvo dada de alta en una empresa de limpieza como limpiadora y conserje, afirmó ante la jueza. Reconoció que no tiene el título de auxiliar administrativo, aunque así consta en el currículum entregado.