LA POLÍTICA COLONIZA A LA JUSTICIA

La Justicia está hecha unos zorros, y no sólo por falta de medios, sino por el ganado que tenemos al frente». La polémica frase del ex presidente Felipe González, pronunciada en un congreso del PSOE andaluz el pasado marzo, delata la desconfianza y las diferencias que históricamente han presidido las relaciones entre la clase política y el Poder Judicial, un poder del Estado teóricamente independiente salpicado hoy por demasiadas dudas.

Asuntos de plena actualidad como el Estatuto de Cataluña, el 'caso Garzón' o la trama 'Gürtel' han venido a emponzoñar, más si cabe, la convivencia entre las dos instituciones del Estado. Los ataques al Tribunal Supremo, al Constitucional o las críticas al Consejo General del Poder Judicial son la punta de lanza de la excesiva influencia que los dos grandes partidos políticos, PSOE y PP, pretenden ejercer sobre la administración judicial, con el fin no confesado de favorecer sus intereses y cálculos electorales. El propio Mariano Rajoy reconoció el viernes el problema cuando prometió tratar de terminar con la politización de la Justicia si llega al Gobierno. De lo que no dijo nada es de la cuota de responsabilidad en la situación actual de los propios partidos.

Pero esta batalla, que se juega no sólo en un ámbito nacional sino también internacional, deja cadáveres por el camino. Cuerpos no sólo físicos (como Baltasar Garzón) sino también metafísicos (los principios de imparcialidad y equidad que deben regir la acción de la Justicia, dibujada en su alegoría con una venda en los ojos). En esta perversión del sistema, la tercera damnificada es la propia imagen de los tribunales y de sus principales protagonistas, los más de 4.600 jueces y magistrados que componen la carrera judicial.

No sorprende, por lo tanto, que la Justicia sea hoy la institución peor valorada por los ciudadanos pese a que no está entre sus diez primeras preocupaciones. La última encuesta del CIS le daba un suspenso (3,74 sobre 10), y eso que los niveles de confrontación institucional no habían alcanzado la tensión actual. Buena prueba de ello es que en el último barómetro del instituto de opinión (mayo de 2010) se ha duplicado el porcentaje de españoles que sitúan el funcionamiento de la administración judicial como su principal inquietud. Así lo piensa un 3,5% de los ciudadanos, el porcentaje más alto desde 1997.

¿Mera coincidencia? Parece que no. Magistrados y juristas consultados coinciden en afirmar que la concurrencia en el tiempo de dos asuntos excesivamente mediatizados (Estatuto de Cataluña y 'caso Garzón') ha agrandado el tumor que sufre el sistema judicial español. Un quiste que supura por dos hendiduras: la excesiva influencia del poder político, sobre todo en las altas instancias judiciales, y el modelo actual de órgano de gobierno de los jueces, con un peso preponderante de las asociaciones a la hora de efectuar los nombramientos de altos cargos (magistrados del Supremo o presidentes y miembros de tribunales superiores, entre otros).

El resultado final del explosivo combinado, según los mismos profesionales, es que la Justicia vive una «situación compleja, difícil», aunque sin llegar a una «crisis institucional»; en la que los grandes partidos políticos parece que miran para otro lado porque no reaccionan ante el progresivo desprestigio de la institución; en la que los miembros del Tribunal Supremo tienen que salir a la palestra para defender su honor, o los integrantes del Constitucional reclamar moderación ante la andanada política a cuento del retardo de la sentencia del 'Estatut'.

Con razón o sin ella, este contraataque de la cúpula judicial es un hecho sin precedentes en democracia que viene a demostrar el hastío de un colectivo que había asistido como espectador neutro a la «desmesurada» politización de los asuntos judiciales y, de forma colateral, a la «excesiva» judicialización de la vida pública. «Nosotros estamos para resolver conflictos. El problema es que a veces alcanzan un impulso mediático de difícil control, que se analizan de forma polarizada», reconoce el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín. «Simplemente se ataca ferozmente aquello que políticamente no interesa, también las decisiones judiciales», añade el juez decano de Valencia, Pedro Viguer.

Punto de partida

Los juristas preguntados ponen el punto de partida de la politización de la Justicia en una norma aprobada en 1985 que supuso un cambio radical en la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Se impuso un sistema de cuotas en el que ganaban peso los nombramientos de los partidos políticos en detrimento de los togados. «Se pretendía huir del corporativismo judicial y nos hemos dado de bruces con otro corporativismo, el de los políticos, que buscan su parcela de poder con el agravante de que ello supone un enorme riesgo para el sistema de división de poderes», apunta Viguer.

El paradigma de un gobierno judicial que acabó viciado se vivió con el anterior Consejo. Permaneció dos años en funciones tras la imposibilidad manifiesta de los grupos parlamentarios de acordar su renovación. Detrás de esta parálisis se encontraban intereses políticos, entre ellos, el cambio de color del Gobierno en marzo de 2008. El PP no parecía dispuesto a soltar su última cuota de poder institucional, con potestad para nombrar a los altos cargos judiciales e informar sobre leyes que afectan a derechos fundamentales.

«La impronta que dejó aquel Consejo es la imposición de mayorías cualificadas como expresión de una voluntad política. Se creó una especie de parlamento paralelo que contaminó la función administrativa del gobierno de los jueces» e impuso determinados nombramientos para copar cargos judiciales de una determinada asociación judicial o adscripción ideológica, recuerda el catedrático de Derecho Constitucional Juan José Solozábal. Este cambio de cromos sigue aún hoy en el Consejo y en la Junta de Fiscales de Sala, órgano consultivo presidido por el Fiscal General Cándido Conde-Pumpido.

El académico no cree que la situación que se vivió en el Consejo entonces tenga mucho que ver con el escenario actual del Tribunal Constitucional, con renovaciones de sus miembros paralizadas a la espera de resolver el recurso del PP contra el 'Estatut', casi cuatro años después de su presentación. Todos los partidos han criticado la demora de una sentencia «compleja y trascendental», según Solozábal. Y con la precampaña en Cataluña a la vista (las elecciones autonómicas serán en octubre), los partidos nacionalistas ya no sólo miran al tribunal. Ahora acusan a PSOE y PP de incumplir su deber constitucional de renovar a los integrantes en los plazos previstos sólo para lograr una sentencia favorable a sus intereses. Más madera contra el intérprete de la Carta Magna.

«Las resoluciones judiciales son discutibles u opinables, por lo tanto están sujetas a la crítica. Lo que no es admisible es que tal crítica se realice con análisis sesgado y, casi siempre, con escaso rigor jurídico», resume el juez decano Pedro Viguer, cabeza visible de la 'Plataforma por la Despolitización y la Independencia Judicial', un incipiente movimiento nacido al albur del 'caso Mari Luz Cortés', la niña onubense fallecida a manos del pederasta Santiago del Valle, en libertad porque no había sido ejecutada una sentencia condenatoria contra él. La presión política y social por lo que se consideró un «error judicial» fue el germen de la primera huelga de jueces en democracia.

La revolución de los togados tiene su continuación en esta plataforma, a la que ya se han sumado 1.450 jueces y magistrados, asociados y no asociados, de toda España. El colectivo trabaja por un Poder Judicial moderno, eficaz y en igualdad de condiciones con respecto al Poder Ejecutivo, tanto central como autonómico. Para ello pretenden impulsar un gran pacto de estado y exigen a los partidos políticos una reforma constitucional para cambiar, entre otros cuestiones, el actual modelo del Consejo General del Poder Judicial. El pulso está echado y los jueces parecen dispuestos a todo.