La Audiencia Provincial juzga a la mano derecha de Rocío Galán por narcotráfico

La Audiencia Provincial de Cádiz tiene previsto juzgar por un delito de tráfico de cocaína a Georgeta I., una ciudadana rumana imputada en la reciente 'operación Toscana' contra la explotación sexual, que está considerada la mano derecha de Rocío Galán, gerente de la red de clubes de alterne Galantería, como encargada del prostíbulo La Hacienda, en El Puerto. Georgeta también fue detenida en la operación de la Guardia Civil y enviada a prisión por un supuesto delito de prostitución, aunque fue puesta en libertad con cargos con el resto de imputados por la jueza de instrucción.

Aparte de esta imputación, Georgeta I. se enfrenta ahora a un juicio en la Audiencia Provincial, por un delito de tráfico de cocaína que -según la Fiscalía- cometió en El Puerto en el año 2002. De hecho, la encargada de La Hacienda conoció a Rocío Galán en la cárcel de Puerto II, cuando ambas cumplían prisión provisional. La segunda por una supuesta trata de blanca de menores, que fue archivada; y Georgeta tras ser detenida en su casa de Vistahermosa con 974 gramos de cocaína. La Fiscalía pide para Georgeta I. seis años de prisión y 30.000 euros de multa; y para el presunto proveedor -Enrique C. C.-, 15 años.

El juicio contra ambos estaba señalado el pasado 25 de marzo, pero se suspendió, después de que se detuviese a uno de sus dos supuestos compañeros en el delito, también rumano, que se encontraba en busca y captura.

El asunto, pasará ahora a instrucción para añadir al detenido a la causa, por lo que no tiene fecha prevista.

El caso

A su vez, continúa la instrucción de la 'operación Toscana' en la que hay un total de 18 imputados. Entre ellos se encuentran varios miembros de la familia Galán.

Hay que recordar que este caso saltó a la luz pública el pasado mes de febrero con la intervención de la Guardia Civil en varios locales de la provincia y de Málaga que regenta la familia jerezana, por un presunto delito de prostitución, aunque la operación policial arrancó en abril y aún permanece abierta a la espera de que la Justicia pueda aclarar la situación.