Legalización de casas ¿oportunidad o negocio?

Esta semana, más que nunca, Chiclana es una ciudad dividida en dos. De un lado están quienes consideran que la regularización de viviendas llega en el peor momento posible y que el Ayuntamiento lo único que quiere es «recaudar impuestos».

De otro, a la administración municipal 'no le duelen prendas' en reconocer que este proceso para dotar de legalidad a más de 15.000 edificaciones sin licencia, supone una oportunidad única de negocio y crecimiento para la economía local. Las cifras hablan por sí solas. El diseminado del término municipal se ha dividido en nueve áreas distintas (Áreas de Gestión Básica), que suman más de 18 millones de metros cuadrados de suelo urbano no consolidado.

En ese vasto territorio se incluyen viviendas edificadas sin permiso ni control urbanístico, que carecen de servicios básicos como agua, luz eléctrica o alcantarillado. Los pasos a seguir, después de que esta pasada semana entrase en vigor la Ordenanza municipal que regirá el proceso, son muy claros.

En primer lugar, aquellos propietarios que deseen iniciar su expediente de legalización deberán realizar un primer pago, entre 1.500 y 4.000 euros según el tamaño de su parcela. A partir de ahí ya no habrá marcha atrás.

En determinadas zonas del municipio, las más consolidadas y con mayor población de primera residencia, los servicios llegarán en apenas unos meses. Es el caso, por ejemplo, de Rana Verde (donde hay una inversión en obras de la red de saneamiento en marcha superior a los 15 millones de euros), Pago del Humo o Marquesado, donde la Junta acaba de anunciar otros 12 millones más dentro del convenio del agua.

Desde el Ayuntamiento de Chiclana se insiste en que la regularización es un proceso «complejo», pero también una ocasión única que se le presenta a la localidad para luchar contra la actual crisis económica y el desmesurado incremento del paro en los últimos meses.

Chiclana vivió en los últimos años, en gran parte, de la construcción. Las numerosas obras de pequeño y mediano tamaño que requerirá la urbanización de zonas residenciales del diseminado y devolverán a la ciudad ese empuje económico. Urbanismo así lo cree. «La aprobación de la Ordenanza permitirá construir nuevas viviendas, pero también realizar pequeñas obras en las casas; se creará empleo», aseguran.

Críticas por los costes

Sin embargo, no todo son parabienes para un proceso, que se estima que costará en su conjunto más de 450 millones de euros.

Desde la Plataforma de Afectados por la Regularización se insiste en que los costes para los vecinos son «desmesurados», y se recuerda al Consistorio el convenio que firmó el 2005 con la Junta de Andalucía según el cual, ésta aportaría financiación.

Urbanismo insiste en que su filosofía del proceso es la misma que el primer día. «Damos la opción a quien quiera de contar con servicios; quien desee seguir en el punto que está, puede hacerlo». La administración local enfatiza que «los vecinos supervisarán la contratación de obras, para que ésta sea lo menos costosa posibles».

Los responsables municipales reconocen que la inercia hará que los propietarios vayan sumándose al proceso, una vez se vea que las obras avanzan y llegan los servicios.