Las empresas que contraten a maltratadas y a parados de más de 50 años recibirán ayudas

Un paso más que la ley estatal. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula la calificación y el registro de las llamadas empresas de inserción, sociedades que nacen con el objetivo no sólo de obtener beneficios, sino también de dar empleo a personas en riesgo de exclusión. Por ello reciben ayudas de la Administración. Existe una ley estatal que regula esta materia. En su desarrollo en Andalucía, la Junta ha querido dar un paso más y ha ampliado el perfil de los colectivos que puedan beneficiarse. El consejero de Empleo, Manuel Recio, detalló cuáles: las mujeres víctimas de la violencia de género que hayan estado en casas de acogida o programas de protección; los emigrantes retornados con problemas de adaptación; el cabeza de familias monoparentales; los parados con más de 50 años de edad que lleven doce meses ininterrumpidos sin trabajo; y las personas con discapacidad en igual grado o más de un 33%.

A estos se suman los ya definidos por la norma estatal: perceptores de rentas mínimas de inserción o que no pueden acceder a estas; jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores; personas en proceso de rehabilitación por problemas de drogodependencia; internos penitenciarios con régimen abierto; menores internos y personas procedentes de servicios de inserción social y de centros de alojamiento alternativo autorizado.

Las empresas que se acojan a esta calificación recibirán incentivos económicos de la Administración siempre y cuando cumplan con el principal requisito, el de dar empleo a personas en riesgo de exclusión inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo. En cuanto al porcentaje, Recio recordó que la ley estatal exige que un 30% de la plantilla pertenezca a alguno de los citados colectivos en los tres primeros años de actividad y el 50% a partir del cuarto. En las sociedades laborales y cooperativas, el cómputo debe tener en cuenta a los trabajadores y a los socios. Otro requisito es que destinen el 80% de sus resultados a la mejora de las estructuras productivas y a iniciativas de integración sociolaboral.

Las empresas deberán solicitar la calificación 'de inserción' a la Junta de Andalucía e inscribirse en el registro que esta incluye en el decreto aprobado ayer, para poder acceder a los incentivos de apoyo de las administraciones. Según la ley estatal, este tipo de empresas podrán recibir ayudas financieras para su constitución, formación y contratación, bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, subvenciones para el mantenimiento de los empleos e incentivos a la inversión.

El consejero de Empleo dijo que las medidas de respaldo a este tipo de entidades, incluidas las ayudas de dinero, serán abordadas en otro decreto que el Consejo de Gobierno aprobará próximamente. Recio manifestó que las citadas baterías de incentivos serán negociadas con los agentes sociales antes de su aprobación

Demandantes

Manuel Recio adelantó que hay 31 sociedades que han mostrado interés en obtener la calificación de empresas de inserción en Andalucía. Recio recordó que la Junta ya viene concediendo incentivos por la contratación de personas en peligro de exclusión social, pero que ahora esta labor de apoyo institucional se fija en un marco legal. El consejero de Empleo recordó que en los dos últimos años la Junta concedió 1,8 millones de euros en ayudas por esta razón a las empresas y que ello hizo posible el empleo de un centenar de personas en peligro de exclusión. Varias de las empresas que recibieron ayudas de este tipo son las que ahora aspiran a acogerse al nuevo decreto.