La política toma los juzgados

Desde que el ex alcalde Pedro Pacheco pronunciara su más famosa frase, «la Justicia es un cachondeo», ha llovido mucho. Con ella alcanzó su fama definitiva en los años ochenta, en medio del proceso judicial que le enfrentaba a Bertín Osborne por un chalet que el artista se había construido en Jerez. Fue condenado por desacato, aunque luego absuelto por el Tribunal Supremo tras una multitudinaria manifestación ciudadana. Quien le iba a decir que, después de haber salido airoso de numerosas batallas judiciales, en la última (al menos de momento) iba a tener que luchar despojado de cualquier cargo, previa denuncia de su ex socia y enemiga política Pilar Sánchez.

El caso de los asesores se ha convertido en el principal frente abierto entre la regidora y el ex líder andalucista, que tiene interpuesta una querella contra ella en los juzgados. La jueza ha requerido documentación sobre la contratación de todos los asesores de la primera edil, aunque por ahora la causa tiene más visos de prosperar en el caso de Pacheco, donde la magistrada ha constatado indicios de delito y ha reclamado la apertura de un juicio oral. Su defensa, el abogado Felipe Meléndez, ya ha anunciado que recurrirá el fallo.

Este galimatías político-judicial no es, ni mucho menos, el único en Jerez. Los técnicos del Ayuntamiento también se han querellado contra la alcaldesa por ceses y recortes de sueldo a once personas. La denuncia, por presunta prevaricación, tendrá «corto recorrido», según el gobierno local. De momento, ha sido admitida a trámite y se ha citado -se desconoce todavía la fecha- a la alcaldesa para que informe sobre este caso.

Panorama revuelto

Por otro lado, Pilar Sánchez salió absuelta recientemente de la denuncia de una concesionaria, Imesapi (de calas), que tenía como motivo los impagos del Consistorio por sus labores. El panorama está revuelto y las aguas turbias y a ningún colectivo ni partido político le tiembla el pulso a la hora de interponer o amenazar con una demanda judicial.

Pero, sin duda, es el caso de los asesores el que se lleva la palma. Primero fue la Fiscalía Anticorrupción -a instancias de una documentación facilitada por la alcaldesa- la que denunció a Pacheco por los presuntos delitos de malversación y falsedad de documentos en la contratación de dos asesores (José López y Manuel Cobacho) para las sociedades municipales Emusujesa y Speed Festival.

El ex alcalde y ex delegado de Urbanismo sacó toda la artillería y pidió declarar antes de lo previsto para demostrar la supuesta irregularidad en los contratos de los cargos de confianza de la alcaldesa. La atención mediática dio un vuelco, sobre todo cuando Pacheco anunció una querella por el nombramiento de un total de 40 personas, entre ellas, y con «especial atención», el gerente de la empresa de suelo, Sebastián Rubiales, y el marido y jefe de gabinete de Pilar Sánchez, Juan Carlos Jiménez.

Otro de los frentes judiciales de la primera edil ha tenido que ver con el tijeretazo a las nóminas de varios técnicos municipales. El motivo es que entienden que ha habido, supuestamente, un delito por parte de la primera edil «al haber dictado varias resoluciones por las que se cesaban y se modificaban las retribuciones de once compañeros técnicos del Ayuntamiento».

Incumplimiento «flagrante»

Estos cargos intermedios entienden que la primera edil ha incumplido «de forma flagrante» el acuerdo de pleno del 27 de diciembre de 2007, que estableció la integración del personal de la extinta Gerencia de Urbanismo y otros organismos municipales.

Otra de las causas que han coleado hasta hace poco ha sido la denuncia de la antigua concesionaria de calas, Imesapi. «Quedará en nada; es una barbaridad», sentenció Pilar Sánchez. Acertó. La empresa, antigua adjudicataria de la gestión indirecta de las obras de calas en la vía pública, demandó a la regidora por un supuesto delito de estafa y apropiación indebida. Reclamaba 6,5 millones de euros al Consistorio por obras que se le habían cobrado de antemano.

Aunque al final fue absuelta, Sánchez tuvo que comparecer en los juzgados. No era la primera vez. Cuando todavía era socia de Pacheco, tanto ella como el entonces delegado de Recursos, Juan Manuel García Bermúdez, tuvieron que declarar por un presunto caso de enchufismo, tras la denuncia de un ex militante del PSOE. La regidora, en este caso, resultó igualmente absuelta.

Despidos en la GMU

Otros asuntos que han pasado por los juzgados, durante la legislatura socialista, han sido los despidos de varios trabajadores de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo, a los que finalmente el Ayuntamiento tuvo que readmitir; o la denuncia de la alcaldesa contra CGT por hacer pintadas contra ella, que terminó con la condena de cuatro sindicalistas.

Sin olvidar la querella que la primera edil tiene interpuesta contra el presidente del Jerez Industrial, Ricardo García, por las descalificaciones que le dirigió el mandatario sevillano.

Todos los alcaldes de la democracia jerezana (Pedro Pacheco, Pilar Sánchez, María José García-Pelayo) han estado salpicados además por denuncias relacionados con la corrupción urbanística. Baste citar Jerecom, Los Garciagos o los Huertos de Ocio. En este último, el juzgado observó «indicios de criminalidad» en el caso contra la popular María José García-Pelayo. Al final, la denuncia quedó archivada, pues el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó que la líder del PP local desconocía los contenidos de los acuerdos que había firmado en su día.

Otras denuncias, ya fuera de los juzgados, han sido las del Partido Popular contra la estructura de altos cargos del Ayuntamiento jerezano, que la Junta de Andalucía obligó a anular a la Administración local; y la de los populares también contra los complementos que cobran Pilar Sánchez y los concejales del gobierno local por su pasado como funcionarios (en su mayoría ex docentes).

Uso o abuso de la Justicia, lo cierto es que ésta se encuentra ya plenamente instalada en la vida pública y se ha convertido en un arma que nadie duda en emplear para hacer daño al rival.