Investigan sobresueldos en la Cámara de Cuentas

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González, ha abierto diligencias previas para determinar si existen responsabilidades contables en los acuerdos adoptados por la Cámara de Cuentas de Andalucía para que sus consejeros cobren unos 600 euros mensuales por gastos de representación y otros conceptos como complemento de los sueldos.

Según indicaron fuentes de la Cámara de Cuentas andaluza, en esta apertura de diligencias, el ente fiscalizador andaluz ha mostrado su «total colaboración», con la aportación de documentación requerida y, tras mostrar su «respeto» por esta decisión, aseguraron que esperan a la resolución del fiscal para hacer una valoración más en profundidad. No obstante, aseguraron que estas retribuciones aprobadas por la Cámara de Cuentas andaluza son «absolutamente legales».

Asimismo, consideraron que este tipo de intervenciones ordinarias y de oficio del Tribunal de Cuentas «benefician al sistema». Según informó ayer el diario ABC, el fiscal jefe, Olayo Eduardo González, ha pedido a la Cámara de Cuentas los acuerdos adoptados en el seno de la Cámara sobre indemnizaciones a percibir por sus integrantes en concepto de gastos de representación o por otros conceptos «semejantes»; documentos acreditativos de la ejecución de tales acuerdos; informes que hubieran podido ser tomados en consideración para la adopción o la ejecución de dichos acuerdos; y cualquiera otros informes que guarden relación con los hechos que motivaron la apertura de las diligencias.

Según este diario, en noviembre de 2009, el fiscal jefe envió a la Cámara de Cuentas un escrito comunicándole la apertura de diligencias preprocesales, para lo cual le requirió los acuerdos que habrían permitido a los consejeros de la Cámara de Cuentas percibir esos «sobresueldos». El diario agregó que los complemento del sueldo supusieron al Erario Público un gasto de 60.000 euros al año desde 2004.

Por su parte, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, informó ayer de que los consejeros de la Cámara de Cuentas han renunciado a sus tarjetas de crédito Visa y afirmó que «las dietas deben ser retiradas si no son legales». Asimismo, declaró que la Fiscalía «debe trabajar» y el PP actuará y tomará medidas «conforme a lo que marque la legalidad», pero «aún hay que esperar», matizó. Del mismo modo, Soto recordó que el órgano fiscalizador de los recursos públicos está «pendiente de un acuerdo entre los partidos políticos para su renovación y si se llega a un consenso se reformará».

Críticas

Mientras, el secretario general del PP de Sevilla y portavoz en la Diputación, Juan Bueno, consideró «absolutamente vergonzosa» la actitud de la institución provincial, que celebró hoy un consejo de administración de la citada sociedad en la que «poco menos que dicen la Cámara de Cuentas los está premiando por las cosas que han hecho, como contratar a gente sin la titulación necesaria o dar subvenciones por la puerta de atrás». Por tanto, tras calificar de «escandalosa» la explicación, criticó que el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, no diera opción ayer a que se votara la propuesta del PP de una comisión de investigación, «no solo de 2008, sino también de 2007 y de 2009».