El ex presidente de Caja Castilla-La Mancha tendrá que declarar en la Audiencia Nacional en calidad de imputado

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado como imputados el próximo 1 de febrero a los ex directivos de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega. La entidad fue intervenida el 29 de marzo de 2009 por el Banco de España tras el fracaso de su proyecto de fusión con Unicaja, lo que obligó a un Consejo de Ministros extraordinario a aprobar de forma urgente la concesión de un aval del Tesoro por importe de hasta 9.000 millones de euros para solucionar los problemas de liquidez de la entidad financiera. Después de un proceso de saneamiento, su negocio bancario se ha integrado en el Grupo Cajastur.

La Audiencia Nacional se declaró en diciembre competente para instruir la denuncia que habían presentado seis miembros del PP en la asamblea de Caja Castilla-La Mancha contra el ex presidente de la entidad, al que se acusa de estafa, administración desleal y falsedad contable. La denuncia relata que, "como consecuencia de la actuación" de Juan Pedro Hernández Moltó, se tuvieron que desembolsar ayudas multimillonarias para CCM (la Comisión Europea cifró la cuantía necesaria en 7.100 millones), lo que para el juez Ruz "evidencia de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad del tráfico mercantil".

Los sindicatos piden más citaciones

El magistrado, respaldado por el Ministerio Fiscal, acepta así la inhibición que planteó en julio el Juzgado de Instrucción número 3 de Cuenca, donde recayó la denuncia, presentada por el ex fiscal Ignacio Gordillo.

Hernández Moltó está dispuesto a declarar "cuanto antes" aunque ha mostrado su sorpresa por estar citado como imputado, ya que se trata de "diligencias preliminares". Preguntado por los argumentos que dará para defenderse ante el juez, Hernández Moltó se ha limitado a señalar que "será muy largo". La citación judicial ha sido aplaudida por los sindicatos CCOO y UGT, que confían en que sirva para depurar la cadena de responsabilidades que llevaron a la quiebra a la caja. El representantes sindicales esperan que la decisión judicial se haga extensiva al resto del equipo directivo que gestionaba la entidad antes de su intervención en marzo de 2009. A su juicio, todos ellos "son cómplices necesarios del desaguisado que llevó a la caja a la intervención y a la quiebra".