Sube de tono la polémica por la ampliación de las terrazas de los chiringuitos

El pulso que mantienen varios hosteleros del Paseo Marítimo de Cádiz con los chiringuitos de playa por la ampliación de su espacio para terraza ha terminado con dos denuncias: una ante la delegación provincial de Medio Ambiente y otra ante el Ayuntamiento. Algunos empresarios lamentan que la patronal Horeca se haya puesto de perfil en este asunto.

La polémica surgió a primeros de año, pero se ha recrudecido en el último mes con vistas al verano. La asociación de empresarios que agrupa a los propietarios de los establecimientos de playa inició en enero los trámites para la ampliación de las terrazas de estos locales en mitad de la arena. El pliego de condiciones, aprobado en 2014, establece que el local debe ocupar 150 metros, más otros cien metros cuadrados de terraza.

Según el gabinete jurídico de la patronal de los chiringuitos, las condiciones del reglamento permiten hasta un máximo de 270 metros de ocupación, terraza incluida, más otros 30 metros para los aseos, gracias a la modificación de la ley de Costas de 2015. De hecho, de lo que se trata ahora es de adaptar los expedientes de concesión de los chiringuitos a la nueva normativa y es aquí, precisamente, donde surgen las diferencias entre los dueños de los chiringuitos y los propietarios de bares y restaurantes.

Para los primeros, se trata de un trámite administrativo más, mientas que para los segundos es un agravio, ya que una modificación de estas características obligaría a sacar un nuevo concurso para la explotación del chiringuito, debido a que se han cambiado las reglas de juego que motivaron su adjudicación.

Esta situación llevó en abril al empresario Cristóbal León, propietario del bar Tobba, a presentar una queja formal ante su patronal para depurar responsabilidades. El presidente de los empresarios de hostelería, Antonio de María Ceballos, declaró entonces que los abogados de Horeca redactarían un informe jurídico al respecto. Dos semanas después, el gabinete de esta asociación profesional se ha pronunciado a la queja de Cristóbal León y sostiene que el procedimiento abierto para la ampliación de los chiringuitos es, de momento, conforme a ley, ya que se está tramitando exclusivamente una adaptación de la norma. En opinión de De María, la situación puede cambiar, una vez que el Ayuntamiento de Cádiz tenga que autorizar o no dicha ampliación.

No obstante ayuntamientos como El Puerto, Tarifa y San Roque ya han dado el visto bueno a esta demanda de los chiringuitos y han permitido a los establecimientos su expansión.

Los empresarios de bares y restaurantes que se ubican entre el Paseo Marítimo y Cortadura temen que la adaptación que se tramita en estos momentos acabe inexorablemente en una ampliación de la superficie de los chiringuitos. En opinión de los dueños de bares y restaurantes no es lógico que las reglas que marcaron el concurso público para conceder la explotación de los chiringuitos se cambien sobre la marcha sin volver a convocar uno nuevo. Estos empresarios temen que los chiringuitos se conviertan finalmente en grandes monstruos de la hostelería a pie de playa con condiciones mucho más ventajosas que los locales que se encuentran en el casco urbano. Denuncian que la Policía Local es la que marca el control de sus locales y son especialmente escrupulosos con los ruidos y el horario de cierre, algo que no ocurre, según los empresarios, con los chiringuitos, que están controlados por funcionarios de Medio Ambiente y efectivos de la Policía Autonómica, ya que su actividad depende de la Junta de Andalucía