Sucesos
Diez detenidos y más de veinte 'intrusos' detectados por la Policía en seguridad privada en Cádiz
Entre las operaciones realizadas, se ha desarticulado una empresa fantasma en Sanlúcar que no tenía autorización y se ha detenido en la capital gaditana al dueño de otra y a cuatro miembros de su familia, acusados de fraude
A principios de verano la Policía Nacional desarticuló en Sanlúcar una «empresa fantasma» que, según informaron entonces, se dedicaba a prestar sin autorización servicio de seguridad a un conocido local de copas de la ciudad sin que los porteros tuvieran contrato, ni estuvieran dados de alta. Al dueño de la empresa se le detuvo por un delito contra el derecho de los trabajadores, ya que incluso tenía empleado a un extranjero sin permiso de residencia, y por otros dos delitos de estafa y falsedad documental.
Además en Cádiz capital y tras dos años de investigación, también en verano, se detuvo al propietario de una empresa de seguridad y a otras seis personas (cuatro miembros de su familia y un abogado que ostentaba la representación de la empresa) en la que se les atribuía la presunta comisión de los delitos de fraude a la Seguridad Social, estafa procesal y frustración a la ejecución (antiguo alzamiento de bienes), todo ello relacionado con una empresa de seguridad anterior que había sido declarada en quiebra tras haber ocultado su patrimonio, a fin de no cumplir con las deudas contraídas con la Seguridad Social y los trabajadores entre otros.
Por otro lado, también se procedió a la detención de dos 'intrusos'. En el momento de ser inspeccionados y propuestos para sanción administrativa se encontraban reclamados por las autoridades judiciales, contando uno de ellos, portero de una discoteca, con un amplio historial delictivo relacionado con el narcotráfico y los delitos contra las personas, entre otros.
Por localidades encabezan en ranking del intrusismo detectado Cádiz capital y El Puerto de Santa María con cuatro casos cada una, seguidos de Algeciras, Jerez de la Frontera y Los Barrios con tres, y Tarifa, San Fernando, Chiclana y Sanlúcar de Barrameda con una denuncia en cada municipio.
Sin habilitación
En lo que respecta a la detección y erradicación del intrusismo, el balance se considera «muy positivo», ya que ha habido 21 denuncias a empresas y 30 a trabajadores carentes de habilitación para el desarrollo de labores de vigilancia y protección de personas y bienes.
En su gran mayoría los intrusismos detectados se circunscriben al ámbito de la construcción (8 casos) y los bares de copas y discotecas (4 casos), afectando también en menor medida a las ferias de artesanía y exposiciones, empresas en polígonos industriales, comunidades de vecinos y garajes, y puntualmente a supermercados y salones de juegos.
En total, la Policía Nacional a través de las Unidades de Seguridad Privada de las comisarías de la provincia , ha realizado en el año 2021, 423 inspecciones a servicios y empresas del ámbito de la Seguridad Privada, a fin de verificar el correcto funcionamiento de las mismas y que tanto las empresas, como el personal a su servicio cumplen con todos los requisitos de autorización y habilitación que la Ley 5/2014 de Seguridad Privada les exige.
Si bien el grueso de las inspecciones se circunscribieron a servicios de vigilancia y protección y a establecimientos obligados a estar provistos de medidas de seguridad, igualmente se realizaron 27 inspecciones en conciertos y espectáculos públicos, 19 en eventos deportivos y 12 en locales de ocio nocturno, tras la relajación de las medidas restrictivas impuestas por las autoridades con motivo de la pandemia y la recuperación de la normalidad.
Fruto de esta labor de control en 2021 se han cursado once propuestas de sanción de las que seis fueron dirigidas contra empresas receptoras de alarmas por la deficiente gestión de los avisos de alarma, cuatro estación de los servicios y una a una empresa de transporte de valores por incumplir la normativa reguladora de las condiciones en las que han de prestarse.
La prestación de servicios de seguridad por empresas no autorizadas y el desempeño de las funciones de vigilancia y protección por personal no habilitado, se encuentra severamente castigado en la referida Ley de Seguridad Privada con multas que en los casos más graves, para las empresas, oscilan entre los 30.001 y los 600.000 euros y pueden conllevar la inhabilitación para el ejercicio de su actividad mercantil. En el caso de las personas físicas no habilitadas que los presten, la cuantía de las sanciones por intrusismo van desde los 6.001 a los 30.000 Euros. Asimismo estas multas se pueden hacer extensivas a los usuarios de los servicios de las empresas no autorizadas y del personal no habilitado.
Aquél ciudadano que conozca algún caso de intrusismo o desee colaborar facilitando información puede hacerlo en la Comisaría de Policía Nacional de su localidad o mediante la remisión de un correo electrónico a la dirección cadiz.segpriv@policia.es
