Economía
El retraso en el envío de materiales y la inflación retrasan obras públicas
Ayuntamientos gaditanos admiten dificultades para que trabajos de pequeño y mediano tamaño avancen en los plazos previstos
Más de 200 obras en la provincia podrían sufrir retrasos por la crisis de abastecimientoy por la inflación
Una pequeña obra, la instalación de un área de recepción en un centro cultural público. Una especie de habitación, con su dotación técnica, donde antes no había nada. Tabiques, enchufes, mamparas divisorias, conexiones para las telecomunicaciones... Una obra común, estándar, como cientos se hacen en la provincia, en Andalucía, en edificios públicos cada año. Son reformas, rehabilitaciones de viejas fincas o adaptaciones de recintos que ya estaban al servicio del público. Nada nuevo.
Actualmente pueden ser unas 250 las que estén en marcha en la provincia de Cádiz, según un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz. «No hablamos de las grandes obras de construcción de edificios desde cero. Las que están sufriendo la situación de retraso, de cierto bloqueo son esas que se consideran más o menos comunes ». El que habla es un funcionario de la Delegación Municipal de Cádiz pero en San Fernando, Puerto Real y Sanlúcar, hablan en los mismos términos. Incluso alcaldes como el de Puerto Serrano, Daniel Pérez, aseguran que las empresas que han obtenido la licitación de ese tipo de obras se quejan sin cesar. Hablan de unos materiales que no llegan, por lo que los trabajos deben detenerse . «Un determinado tipo de acero para un cerramiento, unas maderas concretas para un suelo, para una pared, hace más de dos meses que escasean», afirma uno de los mismos funcionarios de esos departamentos municipales.
Las dificultades de abastecimiento tienen dos vertientes , según estas mismas fuentes. Por un lado, está el retraso . «Primero dicen que determinado material se retrasa una semana. Luego, dos, tres o cuatro». El resultado es una obra parada, muchas de esos dos centenares largos que están en marcha en distintos recintos públicos de la provincia de Cádiz. La consecuencia directa, obvia, es un retraso en los plazos de cumplimiento. «Las empresas se quejan de dificultades para encontrar el material, casi todas, hace ya algún tiempo. Son todas y a la vez, así que no es posible culpar a una en concreto de algún tipo de negligencia», admite Daniel Pérez.
El segundo supuesto es igualmente conflictivo. Cuando el material está disponible, con mayor o menor retraso, aparece a un precio que dobla, triplica, el que tenía hace unas pocas semanas .
En ambos casos, la consecuencia es el retraso de la obra y el encarecimiento del presupuesto. En el caso de la obra pública, esta situación tiene una complicación añadida. Las obras públicas son adjudicadas para ser ejecutadas en un plazo determinado y por un coste concreto. Esa información es oficial y pública. Caso de que se encarezcan de forma notable o de que se retrasen de forma severa, es preciso volver a sacar el pliego de licitación , el anterior ya no sirve. De esta forma, con un nuevo trámite administrativo, el retraso aún se incrementa unos meses más.
Tanto los técnicos de Urbanismo de cuatro ayuntamientos de la provincia como el alcalde admiten que la situación «es complicada» pero confían en que se vaya deshaciendo a partir de la próxima primavera. Hasta entonces hay que habituarse a los retrasos.
Diputación replantea 133 obras
La ralentización del transporte marítimo internacional sumada a la imparable subida de precios de materiales, suministros energéticos y todo tipo de servicios no hace excepciones. Se trata de una situación general que no hace distingos entre territorios ni administraciones. Si los ayuntamientos de la provincia han sido los primeros en detectar la situación, la alerta también está en otros estamentos como la Diputación Provincial de Cádiz o la Junta de Andalucía.
La Corporación Provincial, a través de un portavoz oficial, admite que la situación ha llegado a sus oficinas y técnicos: «Hay constancia de las dificultades a las que se están enfrentando todas las administraciones para poder ejecutar las obras en plazo, entre otras cosas, por los problemas con el suministro o por la subida de los precios de los materiales que están dificultando la adjudicación de las mismas».
Para tratar de evitar que esta situación provoque retrasos considerables en gran cantidad de obras públicas menores, especialmente en las de municipios de menos de 20.000 habitantes a los que presta sus servicios la Diputación Provincial, la Corporación trató de adelantarse a la situación actual hace dos meses: «Conscientes de la situación, en octubre se aprobó una propuesta a Pleno para ampliar los plazos de las obras del Plan de Obras y Servicios, que se ejecutan en las pequeñas poblaciones de la provincia con recursos, exclusivamente de la Diputación. Esas obras eran las que tenían un plazo de ejecución que cumplía en este año 2021».
Hay otros planes de obras, en distintas localidades y dependientes de la Diputación Provincial, que tienen un plazo de ejecución mayor, se extienden a lo largo de 2022, «por lo que de momento no deben peligrar», advierten desde la Corporación.
En el Pleno de octubre de la Diputación de Cádiz se resolvió por unanimidad, a propuesta del equipo de Gobierno, una modificación de plazos para actuaciones del Plan Provincial de Obras y Servicios, defendida por el responsable del área de Desarrollo Local, Manuel Chacón. En junio de 2020 se acordó una estrategia para sacar adelante actuaciones de diferentes anualidades de este programa.
El objetivo era anticiparse a la posible falta de materiales que las empresas contratadas por concurso público denuncian más. Esa falta de componentes o piezas, de distintos tipos de aceros y metales a maderas o vidrios, se ve agravada por su creciente precio, que obliga a las constructoras a tener que salirse del presupuesto cerrado con la administración que le encargó los trabajos. Casi siempre se trata de reformas, rehabilitaciones y, en menor medida, construcción. Para evitar esta situación, en concreto, se agruparon en la moción plenaria 133 expedientes –de otras tantas obras no resueltas entre los años 2014 y 2019– con un importe agrupado de seis millones de euros y una capacidad para generar 1.300 empleos .
«El diseño de esta estrategia ha sido satisfactorio», asegura el diputado Manuel Chacón, «si bien no todas las actuaciones han culminado por diferentes circunstancias ligadas a la pandemia como han sido la merma de efectivos por bajas de personal e incluso por los retrasos en los suministros debido a los cierres perimetrales».
Para evitar nuevos retrasos, el Pleno ha aprobado que el nuevo plazo establecido para la ejecución de obras del periodo 2014-2019 será el 20 de junio de 2022; mientras que el límite para justificar las subvenciones que aporta Diputación es de diez días más: el 30 de junio de 2022.
Las obras del PFEA, como se denominan los programas antes conocidos como PER, las financian de forma prácticamente íntegra el Gobierno y la Junta de Andalucía, que aportan el presupuesto para la mano de obra, con una pequeña participación de la Diputación Provincial. En este apartado es, «bastante previsible», según la Diputación Provincial, que se produzcan ciertos retrasos por la complejidad administrativa de los trámites.
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