¿Qué pasó aquellos 14 días de 2014?

La duración va por un lado. La trascendencia, la sensación, caminan al margen. Hay episodios breves que marcan. Hay etapas largas que pueden quedar enterradas en un segundo. Esa sensación tuvieron los dirigentes del Partido Popular de Cádiz en otoño de 2014. Concretamente, entre el 29 de septiembre y el 25 de octubre.

Apenas un mes que supuso «el mayor problema en 20 años de gobierno, sólo por detrás del caso del Campo de las Balas porque hubo víctimas». Así se refiere un exconcejal popular a esas cuatro semanas del otoño de 2014, faltaban seis meses para las elecciones. Una avería se vuelve escándalo. El gobierno local parece reaccionar tarde, lentamente, mal. Grupos políticos emergentes y una ciudadanía algo hastiada de los mismos representantes aprovechan para hurgar.

Ya que el río de las tuberías secas pasa por aquí, se desbordan los reproches acumulados.

Los 20 años de absoluto poder de Teófila Martínez, de tranquilo respaldo ciudadano, parecen tambalearse en apenas 20 días. «Estoy convencido de que nos desgastó, que nos quitó confianza de alguna gente, votos, que tuvo que ver con lo que pasó en el siguiente mes de mayo», confiesa el mismo edil, veterano en mil plenos.

Se refiere al célebre episodio de contaminación y posterior corte del suministro de agua al barrio de Loreto. Unos 13.000 habitantes que se sienten periferia en una ciudad periférica, siempre en segunda fila, algo lejos de las zonas más bonitas de una localidad vieja pero presumida. Lo que les faltaba era quedarse sin agua durante 13 días tras 14 de quejas por su mal olor. Ir a ducharse a los vestuarios del estadio, recoger a diario cubos y garrafas de camiones-cisterna. El colmo del agravio.

Un informe que el actual gobierno municipal de José María González encargó a la nueva dirección de Aguas de Cádiz, por mandato plenario, resucitó el pasado lunes todos esos monstruos del PP, todas soflamas de Podemos, los recuerdos de los vecinos. Han pasado casi 18 meses desde el episodio pero la ira y los reproches permanecen intactos entre los dirigentes públicos. Entre los vecinos, se han apaciguado de forma sorprendente. El estudio dirigido por Jesús Oliden (nuevo director gerente de Aguas de Cádiz), José Antonio Campo-Cossío y Pedro González se anunció como una bomba: con antelación.

Explosión controlada

El concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, dijo el viernes 4 que el informe sería presentado el lunes siguiente al resto de grupos políticos, por la mañana, y a los vecinos, en reunión de libre acceso, esa misma tarde. La exhibición de las conclusiones avanzaba que eran llamativas, contundentes y favorables a los postulados del actual gobierno municipal. Así fue. Un nuevo edificio de oficinas, en los límites entre el barrio afectado y el de Puntales, sirvió de escenario.

Pero la explosión fue mayor. El alcalde, por dos veces, acusa al equipo de gobierno anterior –sin mencionar más nombre que el de Ignacio Romaní– de haber mantenido el suministro de agua a Loreto durante 14 días (desde el 29 de septiembre hasta que se cortó) pese a tener 55 analíticas que indicaban un alto índice de contaminación por la bacteria E-coli (la que más abunda en las heces). Dijo que Aguas de Cádiz y el Ayuntamiento repartieron ese agua «a sabiendas» de que estaba llena de suciedad. Poco menos que señalaba a los populares por tratar de envenenar, de intoxicar a los 13.000 vecinos de Loreto.

Esa acusación la basa en el estudio. El informe dice que hay nueve orígenes posibles para la contaminación. Los va clasificando como«nada probable», «poco probable», «probable» y «muy probable». En esa clasificación gana con claridad una teoría: el corte de la tubería principal de Loreto para la instalación de un contador obligó a abrir otras tres canalizaciones que llevaban años cerradas. Se hizo sin comprobaciones y resultó que tenían aguas estancadas y «una película» de bacterias que entró en contacto con toda la red. La versión oficial de los populares decía que la causa fue una tubería de una finca particular, en la calle Hermanos Ortiz Echagüe. La versión del nuevo informe municipal la desmiente rotundamente. Como «técnicamente imposible» la definió el alcalde.

Pero al margen del foco inicial de una avería accidental, el escándalo está en la otra acusación del alcalde. El Ayuntamiento gobernado por el PP consintió «a sabiendas» que se distribuyera agua contaminada. Y durante 14 días. Es tan grave que debe acabar en la Fiscalía. Así sucede. La Justicia ejercerá de árbitro para aclarar si es una exageración, una difamación de los actuales dirigentes municipales o una fechoría quasicriminal de los anteriores.

El PP reacciona con el manual. Dice que el informe está manipulado, dirigido, hecho por responsables elegidos a dedo. Trata de desacreditarlo. Romaní comparece y habla de la acusación «más miserable» que se haya conocido nunca en la política local, anuncia una demanda.

La decisiva palabra de un técnico

Pero los que llegan antes al juzgado son los actuales concejales, encabezados por Manuel González Bauza. Al presentar la denuncia ante la Fiscalía, deja caer un listado con los 55 análisis que dieron positivo durante los 14 días previos al corte del agua. Son obra de técnicos de la Universidad y los recopiló un dirigente de Aguas de Cádiz. El PP se queda sin defensa ni argumentos. Sólo hay una clave que puede librarle del oprobio: que el técnico de la empresa municipal diga que no los puso en conocimiento de nadie, ni de sus superiores ni de los concejales.

Sería una grave negligencia de un trabajador pero sin consecuencias políticas: concejales y alcaldesa no habrían sido informados. Ese es el único y último argumento de los populares. Otro partido de la oposición municipal, Ciudadanos, se sumó a esta teoría para recordar que demostrar legalmente la mala fe, el célebre «a sabiendas», resulta extremadamente difícil.

El relato final y oficial queda a expensas de la decisión judicial. El PP vuelve a revivir su pesadilla en Loreto, la que marcó su primer desgaste electoral en 20 años. Podemos se enfrenta a un reto: mantener la confianza de sus votantes aunque los tribunales puedan quitarle la razón. Una de las partes no saldrá indemne. Puede que ninguna de las dos.