La Fiscalía se queda sola en la acusación contra Pacheco

La segunda jornada del juicio contra Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez, por la presunta venta irregular de los terrenos de la estación de autobuses, tuvo este miércoles como principal consecuencia que la Fiscalía se haya quedado sola en sus acusaciones contra el antiguo regidor andalucista y el resto de imputados. Aunque era ya la jornada dedicada a las declaraciones, nada más comenzar la sesión, la defensa del exalcalde, representado por Javier Coveñas, planteaba una cuestión previa. Según argumentaba, la Empresa Municipal de Suelo (Emusujesa) no puede ejercer como acusación particular debido a que es una sociedad extinta. Coveñas expresó que al tratarse de una entidad «muerta» no tiene que estar en este proceso, advirtiendo de que si continuaba el juicio podría ser declarado nulo.

La sorpresa entre las partes fue bastante curiosa ya que dicha extinción se produjo hace más de medio año. Ante tal cuestión, el Ministerio Fiscal consideró que había responsabilidad civil y que la supuesta irregularidad se cometió sobre un bien público y, por tanto, sobre el Ayuntamiento y sus arcas. En cuanto a la posibilidad de si el crédito estaba o no reconocido, Cosano advirtió que, de todas maneras, se trataría de un «activo sobrevenido plenamente reclamable». Pero a pesar de estos argumentos, y ante tal novedad, el tribunal optaba por hacer un receso para tomar una decisión, lo que provocó un retraso de una hora.

Finalmente, tras considerar si esta circunstancia podría provocar la nulidad del proceso, el presidente del tribunal Ignacio Bermúdez comunicaba que optaban por «expulsar» del juicio a la acusación particular, ejercida por el abogado Juan Pedro Cosano. «Feliz año y feliz juicio, si es que algún juicio puede definirse de feliz», deseó Cosano. Por tanto, será la Fiscalía la que reclame los 1,6 millones de euros que supuestamente el Consistorio jerezano dejó de percibir por esta operación. También ocurrirá lo mismo en el juicio que le queda pendiente a Pacheco en abril sobre las obras en la Casa del Rocío ya que el Ayuntamiento jerezano tampoco se ha personado como acusación.

Pilar Sánchez sí declarará

Además de ésta, se resolvieron el resto de cuestiones previas. Entre ellas, la referida a la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez, pendiente de su posible ingreso en prisión por el ‘caso PTA’. Acusación particular y Ministerio Fiscal habían rechazado su intervención como testigo en la causa. Este extremo finalmente no se dará y se estima que Sánchez declare la próxima semana junto a María José García Pelayo.

Tras estas cuestiones de forma, los interrogatorios comenzaban con el del que fuera gerente de Emusujesa, Miguel Ballesteros, para quien el fiscal pide, además de siete años de prisión, que indemnice de manera conjunta y solidaria con el resto de los acusados al Ayuntamiento.

En su declaración, Ballesteros defendió su labor durante los años que estuvo al frente de la gerencia además de la «necesidad» que había para las arcas públicas de vender suelo. Así se planteó que el Ayuntamiento transfiriera a la empresa municipal un inmueble patrimonial, y se eligió el solar de la antigua estación de autobuses, que «no tenía uso ni proyecto de tenerlo».

Tras encargar varias «valoraciones» a los técnicos, los terrenos se tasaron en 1.783.000 euros. Según expuso, también recurrió a empresas «especializadas» que le aseguraron que era el precio «de mercado». Así decidieron promover dicho espacio para un centro de ocio y comercial, teniendo en cuenta también que en dicha época con la llegada de IKEA había cierta «tensión» por parte de los comerciantes locales de promover el centro.

A preguntas del Ministerio Fiscal, el acusado ha defendido la legalidad que se siguió en el proceso y que Emusujesa «no es un gestor de centros comerciales y de ocio» por lo que cuando se conocieron los planes de la empresa municipal «empezaron a llegar ofertas». En este sentido, la Fiscalía le cuestionó de manera detallada por los pasos que se siguieron según fijan las normas administrativas. Ballesteros explicó que la sociedad no estaba sujeta a subastas, «ni a pliegos ni plazos». Sobre la publicidad dada a la operación, se remitió a una nota de prensa fechada en 2004, y a que «era algo que sonaba y que se sabía que iba a hacerse».

«Gente seria»

Tras aprobarse en Pleno la desafectación de los terrenos en abril de 2005, el exgerente negó haber recibido algún tipo de «indicación» en cuanto a las ofertas presentadas, que Pacheco «no le presionó» aunque le hizo llegar la propuesta de Ingeniería Jiennense (la empresa señalada con sede en Badajoz) por haberles parecido «gente seria».

Ballesteros se mostró ajeno a otras decisiones como la desafectación y el precio. El exgerente sí afirmó con claridad lo que le pareció la operación una vez que él ya había cesado en su cargo. «Lo que es curioso es que no existiera contrato» ya que, como lamentó, no era la práctica habitual. «Saltamos de la decisión del Consejo de administración en enero de 2006 (en la que estuvo de modo «particular»)a la escritura». De ahí que no existan «cláusulas penales» y el «uso que debía hacerse de la parcela».

Ese terreno terminó segregándose en una operación en la que «simuló» la participación de otras dos empresas, que realmente pertenecían a los mismos propietarios, lo que para el fiscal sería una prueba de una presunta «venta fraudulenta» del solar.