López Marchena entrega a Alaya el 'caso Óscar'

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, ha decidido inhibirse y dejar en manos de la juez Mercedes Alaya la 'operación Óscar' en el marco de la cual fue detenido el exconsejero socialista Ángel Ojeda a principios de agosto. Así acaba de informar Europa Press citando fuentes judiciales, que apuntan que el argumento jurídico es que el juzgado que dirige Alaya ya investiga ese supuesto fraude.

Si bien esta decisión acordada por el juez ya se barruntaba desde que se produjo el arresto de Ángel Ojeda en su residencia veraniega de Sanlúcar. La Fiscalía de Cádiz ya anunció que solicitaría la inhibición a favor del juzgado sevillano por entender que a éste le correspondía la competencia del caso. El atestado que presentó la UDEF y que sirvió de base para la detención del exconsejero por un supuesto fraude en subvenciones obtenidas para cursos de formación señalaba una serie de empresas que ya están siendo investigadas por la jueza Mercedes Alaya en unas diligencias (966/14) en las que también consta como imputado otro exconsejero de la Junta de Andalucía y también nacido en Jerez, Antonio Fernández.

En el auto que se acordaba la imputación de Fernández y fechado el pasado 16 de julio, Alaya mencionaba hasta seis empresas de Ojeda: Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad (Prescal), la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), la Asociación de Apoyo a la Integración (Humanitas), la Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), la Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y la Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura).

Alaya afirmaba que todas estas sociedades subcontrataron las actividades formativas, proceso que no estaba autorizado, y además con otras compañías "que compartían la misma dirección". Es decir, que el dinero de la subvención presuntamente acababa en la misma red empresarial.

Ojeda, que fue detenido por los presuntos delitos en fraude en subvenciones, falsedad y apropiación indebida, fue imputado por Mercedes Alaya el pasado 11 de septiembre. Esta decisión se conocía a través de un auto en el que la magistrada señala que, según los atestados remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "en poco más de año y medio las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas ellas en el Grupo Prescal, habría recibido, con cargo al programa 32D dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación", todo "a través de asociaciones controladas por él". Así, entiende que esas subvenciones, otorgadas entre el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2013, las habría obtenido "gracias a sus influencias en la Junta en virtud de sus antiguos cargos y contactos".